Andrés Manuel López Obrador ha admitido este jueves que el desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ha sido “el caso más escandaloso” de corrupción en su Gobierno. El Ejecutivo ha cifrado el dinero faltante de la dependencia en 9.500 millones de pesos, unos 6.000 por debajo del número que dio la Auditoría Superior de la Federación. “El Gobierno que nosotros representamos por mandato del pueblo es un Gobierno honesto, y repito, no vamos a ser rehén de nadie, y es cero corrupción y cero impunidad”, ha dicho el mandatario. La Fiscalía General de la República ha informado que investigan 100 denuncias que recibieron contra la paraestatal, de la cual hay 32 carpetas de investigación. Por los diferentes casos que han sido judicializados hay actualmente 26 personas detenidas, entre quienes no está el entonces director de Segalmex, Ignacio Ovalle, amigo cercano del presidente.
“Es un hecho lamentable”, ha reconocido este jueves el presidente, que ha asegurado que este fraude multimillonario le “dolió mucho”. “Como no queremos que quede ninguna mancha porque este Gobierno no tolera la corrupción ni la impunidad”, ha señalado el mandatario, “no queremos que esto se quede sin ser aclarado”. El titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo, ha explicado en la conferencia de prensa que ante la difusión del fraude, armaron un grupo en el que participaron varias dependencias gubernamentales que acabaron por presentar 69 denuncias ante la justicia por un monto total de 4.900 millones de pesos.
El resto del dinero que falta está aún bajo investigación, ha dicho Salcedo. “Los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones por 9.500 millones de pesos, de los cuales 6.000 fueron señalados por la Función Pública y 3.500 por la Auditoría Superior de la Federación”. Pero ese número podría bajar en unos meses, porque Segalmex aún está a tiempo de aclarar o justificar qué pasó con parte de ese dinero, ha dicho el secretario de la Función Pública, que ha explicado que ese plazo vence el próximo octubre. Esa dependencia tiene actualmente 37 expedientes abiertos por irregularidades dentro de la paraestatal. Algunos de los delitos denunciados ante la justicia son enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, delincuencia organizada, defraudación fiscal y peculado.
El secretario de Función Pública ha asegurado que la cifra que se había mencionado con anterioridad, de 15.000 millones de pesos, una cifra que dio la Auditoría en febrero del año pasado, no era correcto. Ha reducido el número a 9.500 millones. Sin embargo, la cuenta del Gobierno mexicano incluye el desfalco de 2019 y 2020, y la de ASF incluye el año siguiente también.
El presidente ha aprovechado la presentación de este jueves para defender nuevamente a su padrino político, Ovalle, encargado del organismo cuando se dio el desfalco y actualmente está al frente del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, que depende de la Secretaría de Gobernación. “Quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos pagando sobreprecios”, ha defendido el presidente, que anteriormente había dicho que Ovalle era “buena gente” que había sido engañado por “puro priista de malas mañas”.
En la presentación del caso en la conferencia matutina, el titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, Alfredo Higuera Bernal, ha detallado los procesos judiciales que se desataron a partir de un centenar de denuncias recibidas. Siete casos han sido judicializados, ha asegurado el funcionario. Según los datos de la FGR, obtuvieron órdenes de aprehensión contra 44 personas, de las cuales 26 ya se encuentran detenidas. Entre casos que han llevado ante un juez está la la compra de bonos bursátiles con dinero de Segalmex, una acción prohibida por la ley; la compra irregular de 7,8 toneladas de azúcar a cambio de 142,4 millones de pesos; y el fraude en Liconsa, la compañía encargada de la compraventa de leche.
Félix Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, ha señalado que las investigaciones judiciales encontraron muchas dificultades en el camino, principalmente la falta de documentación debido a que los archivos “fueron extraídos dolosamente” para evitar que se persiguiera a los culpables.
