La mayor salinera del mundo, Exportadora de Sal (Essa), ha pasado a manos del Estado mexicano. El Gobierno, que ya tenía un 51% de participación estatal, le ha comprado a la japonesa Mitsubishi el resto de sus acciones por 1.500 millones de pesos para así obtener el control de la compañía localizada en Guerrero Negro, Baja California Sur.
En la misma narrativa de nacionalización a la que hizo alusión el presidente con la adquisición de 13 plantas eléctricas a Iberdrola, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el millonario desembolso como un acto en contra de la privatización: “Es una empresa del pueblo de México”, declaró el fin de semana ante medios locales. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, afirmó que los derechos de los cerca de 1.300 trabajadores de la compañía no serán afectados con este cambio de gestión.
Con una producción de 7,5 millones de toneladas y 39.000 hectáreas de extensión en la península de Baja California Sur, Exportadora de Sal (Essa) es la salinera más grande del mundo. La sal industrial puede ser utilizada en 14.000 aplicaciones, desde la alimentación humana hasta el deshielo de carreteras, pasando por la fabricación de medicamentos y de pilas eléctricas, lo que lo convierte a Essa -productora mediante el proceso de evaporación solar- en un enclave industria estratégico.
Gran parte de su producción está destinada a la exportación, abasteciendo a la industria de la región Asia-Pacífico y la costa este de Estados Unidos.
Aunque el Estado tenía el 51% de las acciones de la empresa, su socio minoritario, Mitsubishi, ha sido el comprador de gran parte del volumen de la salinera. En 2022, la japonesa compró más de 5,3 millones de toneladas métricas de sal a Essa. En esta nueva etapa la hora salinera estatal aún debe subsanar fallos logísticos, operativos y de transparencia. En su programa cuatrianual, publicado en 2020, el Gobierno de López Obrador admitió que Essa debía elevar en un 12% su capacidad de producción de sal industrial, una meta que le permitiría este año ofertar un millón de toneladas métricas adicionales.
La Administración federal reconocía en ese entonces que la salinera con más de 70 años de trayectoria enfrentaba desafíos logísticos y de recursos que limitaban su potencial productor. Entre las deficiencias diagnosticadas se señalaba la falta de barcazas para transporte marítimo y de camiones para transporte terrestre de los millones de toneladas de sal. Además, el documento advertía que la empresa debía incrementar su red de clientes de exportación en el mundo.
De acuerdo con el reporte auditado de la empresa a 2022, Exportadora de Sal continúo operando con problemas de disponibilidad de equipos para cumplir con el transporte de sal a la Isla de Cedros. Los auditores señalaron que era fundamental la reposición de los activos para mejorar los costos de operación y la rentabilidad de la compañía en el mediano plazo.
Dos años antes, en 2020, la Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades en la paraestatal por más de 692 millones de pesos debido a que a la empresa se le adjudicaron contratos sin cumplir con la normatividad aplicable y se realizaron pagos de bienes y servicios de ejercicios fiscales anteriores sin que estos estuvieran previamente registrados y autorizados.
“Se realizaron adquisiciones de bienes, servicios y arrendamientos que no tuvieron utilidad alguna para la entidad, ya que se observaron ociosos y deteriorándose. Vendieron sal sin contar con los instrumentos jurídicos mercantiles correspondientes, además se pactaron precios menores a los autorizados por el Consejo de Administración; por otra parte, no llevó a cabo un adecuado control de inventarios”, refirió en ese entonces la ASF.
