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El “modelo” de Bukele no es nuevo

En la historia latinoamericana la forma en que el salvadoreño fue reelegido y concentró poder no se diferencia mucho de cómo lo hicieron varios otros autócratas latinoamericanos: Batista, Somoza, Trujillo, Fujimori, Ortega o Chávez

Nayib Bukele fue “reelegido” como presidente de El Salvador el 4 de febrero; y habría “arrasado” en la Asamblea Legislativa según dijo él mismo. La calificación más prudente a este proceso electoral sería la de “farsa completa”. Nada menos.

Cuatro aspectos ilustran contundentemente esta afirmación:

Primero, haciendo evidencia de quien manda, el resultado lo anunció el mismo Bukele. Esta elección no solo era presidencial, sino también para la Asamblea Legislativa, cuyo control él buscaba. Esto significó la evaporación de la autoridad electoral, cuya imparcialidad es fundamental en cualquier elección democrática. Este detalle solo contribuye a la sospecha y la falta de transparencia en todo el proceso. Una vez concluida la votación, la autoridad electoral perdió relevancia, y Bukele asumió el control. El proceso fue tan grosero que varios días después cuatro de los cinco magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral se desligaron del proceso de recuento de votos para definir los escaños a elegir en el legislativo, debido a las irregularidades.

Segundo, fueron arrasados principios claros de equilibrio de poderes, respeto a la legalidad constitucional y los que establecen que el “acceso al poder” se debe dar “con sujeción al estado de derecho”. La reelección presidencial inmediata en El Salvador está prohibida, lo que invalida la supuesta “elección” de Bukele, quien ni siquiera podría haber sido candidato. Sin embargo, esto no impidió que él se postulara, evidenciando un claro desprecio por las normas democráticas y el estado de derecho. Reglas fundamentales todas atropellados ante un continente americano silente ante atropellos, que aún no terminan.

Tercero, la legalidad internacional. La comunidad interamericana no debió haber permanecido silente ante este atropello. Un continente americano que, de hecho, se puso básicamente “de perfil” ante el avasallamiento, no sólo de la Constitución sino de claros estándares internacionales vigentes adoptados por el sistema interamericano como los contenidos en la Carta Democrática Interamericana. Adoptada por unanimidad de los países de América en setiembre de 2011, esta precisa que entre los “elementos esenciales” de la democracia (art. 3), hay varios medulares.

Impunemente, Bukele los desvaneció en su forma de gobernar y para esta elección: “El acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; …y la separación e independencia de los poderes públicos”. Lo que supone, también, en concordancia con la Carta, el respeto por “…la libertad de expresión y de prensa”.

Cuarto, el reciente proceso electoral es solo un ejemplo de la creciente concentración de poder en manos de Bukele, lo que ha resultado en un deterioro significativo de la institucionalidad democrática en El Salvador. Este modelo de Gobierno ha sido criticado por su incompatibilidad con los principios democráticos y por sus constantes atropellos a los derechos fundamentales.

Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), ha destacado acciones del “fenómeno Bukele”, totalmente incompatibles con sociedades democráticas o que aspiran a serlo.

A los pocos meses de llegado al Gobierno, la presencia de las Fuerzas Armadas en la Asamblea Legislativa por órdenes suyas para amedrentar a sus miembros, fue una primera señal de alerta. Luego, los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que venía siendo una suerte de contrapeso al Ejecutivo y a su aspiración de poder absoluto, fueron todos destituidos por Bukele. A continuación, los reemplazantes de los destituidos fueron designados completamente al margen del proceso establecido. Finalmente, fueron los así irregularmente designados quienes emitieron la decisión inconstitucional de permitir la reelección presidencial inmediata, pese a que varios artículos de la Constitución la prohíben expresamente. `

En efecto, está en marcha acelerada e impune el desmontaje de las piezas esenciales de control institucional. La concentración de poder y los atropellos a derechos fundamentales incluye destrucción de la libertad de expresión. Lo más visible y escandaloso está expresado ahora, por ejemplo, en el ataque a la valiosa publicación independiente El Faro, hoy clausurada y sus directivos, perseguidos por el Gobierno.

En efecto, todo doblemente oscuro y en choque frontal contra los estándares democráticos más elementales. Ante este desmoronamiento de la institucionalidad democrática hay una gran paradoja: ¿es este el “modelo” que embelesa a algunas ilusas corrientes de opinión en América Latina para enfrentar la delincuencia? Puede ser “modelo” el Gobierno de un autócrata, violador de la institucionalidad democrática más fundamental y aterrador proceso de concentración autoritaria de poder (que, sabemos, suele terminar muy mal para las sociedades).

Ciertamente, en la historia latinoamericana la forma en que Bukele fue reelegido y concentró poder no se diferencia mucho de cómo lo hicieron varios otros autócratas latinoamericanos: Batista, Somoza, Trujillo, Fujimori, Ortega o Chávez. Sólo algunos ejemplos -entre muchos otros- de formatos semejantes. Todos ellos ajustaron las normas legales para ponerlas al servicio de la reelección presidencial, utilizaron el aparato estatal para su beneficio en la campaña y luego para la corrupción.

Modelo Bukele: socavamiento de la democracia

El llamado modelo Bukele es, pues, entre otras cosas, el socavamiento artero de la democracia. ¿Quiere América Latina seguir un “modelo” que entraña todo eso? Algunos argumentan que todo eso sirvió para cumplir un objetivo social deseable, como es el de disminuir la delincuencia en El Salvador.

Sin embargo, el desmoronamiento del equilibrio de poderes y de la institucionalidad democrática, no está vinculado ni es herramienta para el control de la delincuencia, sino con el simple afán de acumular poder absoluto. La historia del continente señala a dónde se dirigieron anteriormente este tipo de procesos: corrupción desmedida, y mal manejo de las finanzas públicas que termina afectando seriamente a la población. Ya se observan señales de esto en El Salvador.

Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, menciona en un reciente artículo en El Faro que el desempeño económico de El Salvador es decepcionante, aún para los alicaídos estándares centroamericanos actuales, y recuerda que, según cifras del Banco Mundial, la inversión extranjera en el país ha caído bajo el Gobierno de Bukele. Por otro lado, señala que “investigaciones creíbles ya han revelado escándalos de corrupción del entorno de Bukele”, y que no hay señales de que esto cambiará. Estos dos elementos son consecuencias graves del modelo en cuestión.

Excusa para el poder absoluto

En el corto plazo, el control de la inseguridad -un problema severo en El Salvador- es lo que ha generado a Bukele la popularidad de la que goza, y ha servido de excusa para acumular poder absoluto. La caída en la criminalidad es un hecho. Sí. Pero hay información valiosa disponible que no debería permitirnos “mirar al costado” frente al fenómeno autoritario que hoy ataca a El Salvador. El régimen de excepción vigente ha convertido en permanente normas que violan reglas básicas del debido proceso y abren preguntas de fondo sobre el “modelo” de seguridad ciudadana.

Es muy útil el reciente informe sobre desapariciones de corta duración cometidas durante el estado de excepción en El Salvador. Elaborado por la DPLF en colaboración con la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), el Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR), Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS), arroja luz sobre una situación alarmante que requiere la atención del mundo.

Según este valioso informe, se han llevado a cabo en El Salvador detenciones masivas e indiscriminadas de más de 71,000 personas, dentro de las cuales hay miles de inocentes. La mayoría de detenciones ha ido de la mano de la negación sistemática de proporcionar información a sus familiares sobre el estado de las personas detenidas por la policía y las autoridades penitenciarias. No existen inmediatos reportes de personas detenidas, ni control judicial alguno de las detenciones.

Los juicios son masivos, y no se individualizan conductas. Se permite la condena en ausencia y los jueces tienen identidad reservada. La mayoría de los afectados son jóvenes en situación de pobreza, acusados del delito de “agrupaciones ilícitas”, bajo una redacción legal de tal amplitud que permite aprehensiones de personas sin ningún fundamento. No había tanta impunidad desde la guerra civil.

Varios ejemplos, que se mencionan en el informe, dan cuenta de un patrón inaceptable de la actuación del Estado. Por ejemplo, personas que son capturadas por la policía o militares, en aplicación del estado de excepción, en lugares públicos, en presencia de testigos. Cuando posteriormente sus familiares se trasladan a distintos centros policiales a solicitar información, se niega que la detención haya ocurrido y se oculta el paradero de la persona detenida.

En varios casos las personas detenidas mueren en su detención sin que se informe de ello a los familiares. El informe menciona, como ejemplos, los nombres de Henry Joya, Rafael López y Noelia García.

Henry Joya estuvo detenido por más de un año sin información oficial sobre su detención. Las autoridades proporcionaban eventualmente información a sus familiares durante los primeros dos meses, pero después dejaron de informarles sobre su estado de salud. Ante la falta de información, acudieron al Instituto de Medicina Legal (IML), donde reconocieron su cuerpo por medio de fotografías. Henry había sido sepultado el 8 de julio en una fosa común. De acuerdo con el reporte emitido por el IML, Henry habría muerto a causa de un edema pulmonar. Sin embargo, un testigo que compartió celda con él en el centro penitenciario Mariona, comunicó a la familia que Joya había sido sometido a fuertes golpes de parte de los custodios y que murió a consecuencia de estos.

Rafael López fue detenido en su lugar de trabajo ubicado en Jucuapa, Usulután. Según sus familiares, cuatro policías del puesto policial de Jucuapa lo detuvieron por el alegado delito de “agrupaciones ilícitas”, y lo trasladaron a un centro penitenciario. Desde ese momento, las autoridades les negaron información sobre Rafael y su estado de salud. Dos meses después, al hacer un trámite administrativo, la familia fue tardíamente informada de su muerte: tuvo “complicaciones de salud” y fue trasladado al Hospital Zacamil, donde murió el 1 de junio.

Fue enterrado 20 días después, y como en muchos otros casos, sin avisarle a su familia y en una fosa común. Noelia García fue detenida el 14 de junio de 2022, en su vivienda en Santa Ana. Fue trasladada a una delegación policial, en la que la policía únicamente permitió que sus familiares le entregaran algunas prendas de vestir. Ese mismo día fue remitida a un centro penitenciario y, a partir de allí, las autoridades dejaron de proporcionarle a la familia información sobre su ubicación y situación de salud. El 23 de enero de 2023, la familia de Noelia se enteró, por sus propios medios, que había sido trasladada de emergencia a un hospital. Finalmente, el 1 de febrero de 2023, por medio de las redes sociales, la familia conoció que una persona no identificada había fallecido en un hospital. Luego se confirmó que era Noelia.

Medidas de emergencia cuestionables

Todo indica que, hasta el momento, la sociedad parece mirar hacia otro lado ante la posibilidad de las familias de pasar unos días sin violencia y asesinatos por las maras y a pagar por ello un alto precio. Como se dice en el informe de DPLF…”hasta que no te toque a ti”.

¿Es sostenible la situación? Las medidas de emergencia solo abordan el tema desde lo penal y no hay nada sobre prevención o rehabilitación. ¿Qué se está haciendo con los factores que alimentan las maras? No se conoce de ningún proyecto ni plan integral, con una economía estancada y la inversión extranjera cayendo, para tratar ese problema de larga data. Finalmente, ¿qué va a pasar con los juicios en masa a esos más de 70.000 detenidos? Tarde o temprano serán cuestionados legalmente y, acaso, mucho se irá al agua (como ocurrió en parte con procesos antiterroristas en Perú).

El inconstitucional “triunfo” -con fórceps- de Bukele envía un peligroso mensaje a la región: los valores democráticos son un obstáculo para gobernar, si algunos justos pagan por pecadores, es parte del costo que hay que pagar.

Las sociedades latinoamericanas y el mundo entero tienen información suficiente -o pueden acceder a ella con facilidad- para no ponerse “de perfil” y no inventar “modelos” sino diseñar estrategias institucionalmente adecuadas para combatir la delincuencia. Para ello no se requiere destruir la democracia ni generar nuevos autócratas, ya los tuvo en demasía la región.