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¿Vale la pena permitir una dictadura si garantiza seguridad?

Seguridad y calidad de vida a costa de democracia: el caso de El Salvador

A principios de la década de los 80’s, El Salvador experimentó una Guerra Civil que dejó más de 75,000 muertos, 12,000 desaparecidos, y más de un millón de migrantes buscando refugio principalmente en Estados Unidos. 

Este conflicto sociopolítico dejaría una cicatriz colectiva en la memoria salvadoreña, que incluso hasta ahora, se puede sentir en la cultura de sus habitantes. Sin embargo, el legado más impactante de este evento no se quedó con los ciudadanos viviendo en el país, sino con aquellos que emigraron. 

El éxodo salvadoreño dirigido a Estados Unidos se estacionó principalmente en la ciudad de Los Ángeles, una ciudad californiana donde las pandillas eran, y son, una cuestión común. 

Dedicadas a diversas actividades delictivas como la venta de drogas, estas pandillas “adoptaron” a un gran número de salvadoreños recién llegados, convirtiéndolos en parte elemental de la organización. Entre las pandillas más conocidas estaban Barrio 18, integrada principalmente por mexicanos. Pocos años después, se formó la Mara Salvatrucha, fundada por integrantes de la diáspora salvadoreña. 

En la década de 1990, las políticas de migración estadounidenses cambiaron la definición por la cual una persona nacida en el extranjero sería deportada a su país. Como resultado, miles de pandilleros fueron deportados a El Salvador. Al volver a su país, estos pandilleros exportaron con ellos una cultura delictiva antes desconocida para el país centroamericano, convirtiéndo así a las pandillas, en grupos criminales transnacionales. 

El Salvador, en medio de una crisis económica, se convirtió en un excelente caldo de cultivo para la consolidación y expansión de las pandillas. En pocos años dominaron un gran porcentaje del territorio del país, inmiscuyéndose incluso en las instituciones públicas. Las pandillas se financiaban a partir de diversas actividades criminales entre las que destacan el tráfico de drogas, extorsión y secuestros. En el 2015, El Salvador presentó una tasa de homicidios mayor a 103 por cada 100,000 habitantes. La guerra contra el crimen organizado le costaba al país un 16% de su PIB. 

El 1 de junio del 2019, el candidato Nayib Bukele llegó a la presidencia salvadoreña con el 53.1% de los votos por medio del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. El 4 de febrero del 2024, y después de una exitosa administración contra el crimen organizado, el mismo Bukele salió reelegido para la presidencia del país centroamericano con 83% de los votos a favor. De acuerdo a una encuesta de Gallup, Bukele cuenta actualmente con una popularidad mayor al 90%, convirtiéndose en el mandatario con mayor popularidad a nivel global.  

Nayib Bukele ha sido elogiado por reducir dramáticamente los niveles de inseguridad y violencia en El Salvador. De acuerdo a encuestas del gobierno, el país centroamericano es ahora la nación más segura del hemisferio occidental. Incluso la cantidad de salvadoreños migrando a Estados Unidos ha disminuido en un 33%. 

Sin embargo, no todo han sido elogios para Bukele. Diversos medios académicos, y otros mandatarios han criticado al presidente salvadoreño por las herramientas utilizadas para lograr esta disminución en violencia, pues afirman que ha suprimido los derechos humanos de la población, y que presenta múltiples actitudes dictatoriales.

La administración de Bukele ha encarcelado al 8% de la población masculina joven, y muy pocos de estos han sido juzgados de acuerdo a la ley. Se han organizado juicios colectivos donde cientos de presos son juzgados simultáneamente. Bukele ha otorgado beneficios especiales a la policía y a las fuerzas armadas para asegurar su lealtad. 

En El Salvador, todo detenido es culpable hasta que demuestre lo contrario; y es casi imposible demostrarlo. Son juzgados en audiencias sumarias por jueces anónimos, junto a otros cientos de detenidos. Cien culpables o cien inocentes. El vicepresidente Ulloa, que es abogado, dijo que esa era la única manera, porque su gobierno ha metido a la cárcel a tanta gente que necesitarían cien años para juzgarlos individualmente. “Es un proceso justo porque es legal. Antes eran juicios individuales pero cambiamos la ley”.

Ha incrementado el tamaño del ejército de 20,000 a 40,000 elementos. En febrero del 2020, Bukele entró en la Asamblea con el ejército para intimidar a los asambleístas y obligarlos a aprobar su plan de seguridad. Múltiples científicos políticos asumen que su reelección en 2024 fue inconstitucional a lo que Bukele respondió “si el camino está funcionando, ¿para qué cambiarlo?”. Durante el mes de enero, el vicepresidente, Félix Ulloa, le dijo al New York Times: “No estamos desmantelando la democracia. La estamos eliminando, sustituyendo con algo nuevo”.  Nuevo no es – es una nueva deriva autoritaria en latinoamérica A cuarenta años del inicio de las transiciones democráticas, que deshicieron las últimas dictaduras en nuestro continente.

A pesar de todas estas actitudes anticonstitucionales, la aprobación del mandatario rebasa el 90% en El Salvador. Tal parece que, después de más de 30 años de crimen y violencia, los salvadoreños prefieren mantener su tranquilidad sobre su democracia. Después de vivir por varias décadas bajo el dominio de las pandillas, los salvadoreños han elegido mantener la mira en el resultado. Esta manera maquiavélica de ver la situación ha levantado cejas en Estados Unidos y otros países occidentales. 

Durante más de un siglo, el occidentalismo ha insistido en “necesitar” la democracia sobre cualquier otro sistema de organización social. Aunque este sistema ha dejado resultados relativamente positivos en la mayor parte de Occidente, nada garantiza que funcione en todas las sociedades por igual. 

El Salvador está experimentando un aumento en su seguridad y calidad de vida, a costa de su democracia, y la mayoría de los salvadoreños están totalmente de acuerdo con este nuevo balance. 

De acuerdo a Jesús Sánchez, especialista en la historia de la Guerra Civil salvadoreña en la  Universidad de Houston, los salvadoreños se sienten cómodos y seguros con el órden impuesto por Nayib Bukele, sin embargo, podría ser cuestión de tiempo para que se den cuenta del daño que esto puede ocasionar a las instituciones salvadoreñas en el futuro. 

Otros mandatarios latinoamericanos buscan emular la estrategia de mano dura de Bukele para reducir los índices de violencia. Entre ellos se encuentra Daniel Noboa, presidente de Ecuador, quien a pesar de haberle declarado la guerra al crimen organizado, cuenta con los índices más altos de popularidad en la región, después de Bukele. 

¿Cuál es la finalidad de un gobierno? ¿Mantener la democracia institucional o garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos?, ¿se puede lograr una sin la otra? Monopolio de la violencia ?

El caso de El Salvador está siendo meticulosamente observado pues se ha convertido en un ejemplo para otros países de América Latina. En una región donde los ciudadanos han vivido con miedo durante décadas, la seguridad y tranquilidad se han convertido en la prioridad, desplazando a segundo plano a la democracia e institucionalidad. 

¿Será cuestión de tiempo para que los pueblos latinoamericanos demanden de nuevo la democracia que tantos años les costó adquirir?, o ¿estamos ante el nacimiento de un nuevo regimen caudillal que el florentino Nicolas Maquiavelo pronosticó en su obra El Principe?