Un gran ataque cibernético dirigido contra la Secretaría de la Defensa Nacional de México ha revelado muchos detalles sobre la institución más secreta y poderosa del país, documentando su influencia cada vez mayor sobre el gobierno civil, sus intentos de evitar cooperar en una investigación histórica sobre derechos humanos y el uso del software espía conocido como Pegasus para espiar a periodistas.
El hackeo detalla las investigaciones internas del propio ejército y las sospechas de que poderosos funcionarios del gobierno, como los gobernadores estatales y el actual secretario de Gobernación, están vinculados a redes del crimen organizado, incluidos cárteles de la droga.
Mientras los periodistas en México investigan los datos divulgados por el ataque, las notas informativas publicadas hasta el momento evidencian el creciente control de las fuerzas armadas sobre las instituciones civiles y su estrecha relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El ejército mexicano tiene un historial de abusos contra los derechos humanos y masacres de civiles, y durante mucho tiempo se ha resistido a la supervisión y la rendición de cuentas. Los correos electrónicos filtrados muestran, en las propias palabras de los oficiales militares, cómo la institución maniobra para eludir al gobierno, empoderarse y proteger a sus propios miembros, incluso en los rangos más bajos.
Las filtraciones fueron publicadas por un grupo de piratas informáticos conocido como Guacamaya e incluyen unos seis terabytes de datos con más de cuatro millones de correos electrónicos. En un manifiesto publicado en línea, los atacantes informáticos afirmaron que eran un grupo antiimperialista que buscaba proteger el medioambiente. Se desconoce desde qué país operan, pero se comunicaban en español.
Esta semana, López Obrador reconoció el hackeo y dijo que “no hay nada que ocultar”.
El ejército no respondió a las solicitudes de comentarios.
A pesar de las advertencias de políticos y analistas de que las fuerzas armadas se están volviendo demasiado poderosas con López Obrador, el Senado votó esta semana para renovar el papel de las fuerzas armadas como la principal institución de México a cargo de la seguridad pública. El proyecto de ley fue enviado al presidente para su firma.
“Las fuerzas armadas de México son conocidas por ser la institución menos transparente, y estas filtraciones se producen en un momento crítico porque el gobierno mexicano está profundizando la participación de las fuerzas armadas en la vida y las instituciones civiles”, dijo Stephanie Brewer, directora de México en la Oficina de Washington para América Latina, una institución de investigación.
Los correos electrónicos filtrados revelan que el ejército estaba usando Pegasus, un software espía israelí, para infectar los teléfonos de periodistas y activistas, a pesar de las promesas de López Obrador de que su gobierno no usaría ese programa para espiar a los ciudadanos mexicanos. The New York Times reveló por primera vez que el gobierno anterior usó Pegasus para espiar a periodistas, activistas y políticos, un escándalo que impacto a esa gestión.
“El poder de los militares frente a las instituciones es motivo de gran preocupación, ya que están recibiendo más recursos presupuestarios del gobierno”, dijo Brewer.
El ejército también inició investigaciones y creó archivos sobre funcionarios gubernamentales actuales y anteriores y sus vínculos con el crimen organizado y los poderosos cárteles de la droga de México. Se reporta que el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, tiene vínculos con un poderoso cártel, acusación que negó esta semana.
En los correos divulgados, funcionarios de la Secretaría de la Defensa acusan al actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de otorgarles altos cargos de seguridad a funcionarios vinculados al crimen organizado cuando se desempeñaba como gobernador del estado de Tabasco. Un portavoz de la secretaría se negó a comentar.
Las filtraciones también revelan agresiones sexuales generalizadas en las fuerzas armadas, con más de 300 militares acusados de acoso y otras violaciones de derechos, que los altos mandos mantuvieron en secreto durante años.
López Obrador obtuvo una importante victoria legislativa cuando el Senado votó en septiembre para trasladar la Guardia Nacional, la fuerza de seguridad pública federal de México, bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Poco después de que López Obrador llegara al poder, disolvió la Policía Federal en 2019 y creó la Guardia Nacional, que prometió que permanecería bajo control civil. Pero este año anunció planes para incorporarla al ejército.
La expansión del poder militar también se produjo después de que una comisión de la verdad del gobierno dijera en agosto que los militares estaban involucrados en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, una localidad rural.
El hackeo mostró por primera vez hasta qué punto los militares han utilizado su poder y conexiones para protegerse de la supervisión en el caso de Ayotzinapa.
Un correo electrónico detalló una apelación del actual secretario de Defensa al presidente López Obrador, alegando la inocencia de un capitán de bajo rango que es sospechoso de la desaparición de los estudiantes. El secretario parecía apoyar la negativa del capitán a cooperar en la investigación del gobierno.
Otro correo electrónico filtrado que fue enviado en 2015 también detallaba la solicitud de un general de alto rango al secretario de Defensa de ese momento para “evitar excavaciones” dentro de los cuarteles militares donde podrían haber sido llevados algunos de los 43 estudiantes. Lo que finalmente les sucedió a todos los estudiantes es un misterio, pero se cree que están muertos y se desconoce el paradero de sus cuerpos.
“Lo que los correos electrónicos han dejado en evidencia son las acciones deliberadas de los militares para evitar la supervisión civil, incluso para un capitán de bajo rango”, dijo Cecilia Farfán Méndez, investigadora en temas de seguridad de México en la Universidad de California en San Diego. “Temen que si abren la puerta y permiten la supervisión civil en un caso, eso abrirá las compuertas en el futuro”.
El conjunto de correos electrónicos pirateados también detalla la expansión de las fuerzas armadas en la economía.
Desde que llegó al poder en 2018, López Obrador ha dependido de las fuerzas armadas para construir la mayoría de sus gigantescos proyectos de infraestructura, por un total de unos 45.000 millones de dólares, y ha anunciado planes para entregar su operación e ingresos a las fuerzas armadas cuando estén terminados.
El gobierno le ha pagado a las fuerzas armadas para construir una vía de un tren de unos 1600 kilómetros, un aeropuerto internacional y una refinería de petróleo, en contratos que aún no se han dado a conocer públicamente.
Pero las ambiciones económicas de la Secretaría de la Defensa Nacional parecen ser más grandes de lo que se sabía anteriormente. La filtración de datos reveló que la secretaría planea crear una agencia nacional de turismo con hoteles, parques, museos e incluso una aerolínea nacional que operarían las fuerzas armadas.
“Las utilidades de esa empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de las fuerzas armadas”, dijo el presidente esta semana, confirmando la incursión de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sector turístico. “Es proteger bienes de la nación, porque estamos haciendo obras con presupuesto público”.
El creciente poder de las fuerzas armadas ha desconcertado a muchos políticos y analistas, quienes advierten que podría generar más abusos contra los derechos humanos. En cambio, han pedido la creación de una fuerza policial nacional supervisada por el gobierno civil.
Según los expertos, al expandirse a la economía del país, las fuerzas armadas podrían protegerse aún más de la supervisión del gobierno porque ya no necesitarán depender de los funcionarios electos para aprobar los presupuestos anuales con el fin de mantenerse a flote.
México ha sido una nación relativamente estable durante décadas debido a la capacidad del gobierno civil para ejercer su control sobre el ejército, lo que permitió al país evitar los golpes de Estado liderados por el ejército que sacudieron a gran parte de América Latina durante ese tiempo.
Pero a los militares se les asignó un papel descomunal en la seguridad pública en 2006, bajo el presidente Felipe Calderón, cuando desplegó las fuerzas armadas en todo el país para combatir a los cárteles de la droga. El papel y despliegue de las fuerzas armadas iba a ser temporal porque el gobierno de Calderón estableció y desarrolló la primera fuerza policial federal de México, que se suponía que eventualmente se encargaría de la seguridad pública.
La Policía Federal se estableció en 2010 y enfrentó un comienzo difícil, con acusaciones de abusos contra los derechos humanos y corrupción. Pero, según los analistas, esa organización estaba mejorando lentamente.
En 2019, López Obrador disolvió la Policía Federal y creó la Guardia Nacional, que ahora se incorporará al ejército.
“Si bien cada gobierno ha lidiado con cómo mejorar la policía, la verdadera preocupación de este gobierno es que han abandonado el objetivo de desarrollar una fuerza de seguridad pública civil”, dijo Farfán.
“En cambio, se le está dando mucho a los militares, y la militarización de México está en pleno desarrollo”.
