El ex secretario de la Defensa Nacional recibió sobornos del cártel a cambio de permitirle enviar toneladas de cocaína y otras drogas a los Estados Unidos, y utilizó su posición para transmitir información sobre las investigaciones a sus líderes, según alegaron fiscales estadounidenses.
Los cargos forman parte de una acusación abierta el viernes contra el general Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa de 2012 a 2018 durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto y dirigió el combate del ejército contra los cárteles de la droga. Agentes estadounidenses arrestaron al general retirado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el jueves cuando llegaba con su familia.
El general Cienfuegos, de 72 años, es el funcionario mexicano de mayor rango acusado de corrupción relacionada con las drogas. Se espera que el arresto perjudique la cooperación bilateral y la confianza en la campaña contra el narcotráfico; dañe la imagen de una de las pocas instituciones de México que gozan de un amplio apoyo público; y suscite más dudas sobre la estrategia de México de confiar en el ejército para perseguir a los cárteles.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo que el arresto demuestra que la corrupción es el mayor problema del país y reforzó su afirmación de larga data de que las administraciones pasadas eran desesperadamente corruptas.
“Siempre dije que no era sólo una crisis, sino una decadencia lo que estábamos sufriendo”, dijo López Obrador durante la mañanera.
Ni el general Cienfuegos ni el ejército mexicano han comentado públicamente.
La investigación alega una corrupción profundamente arraigada en las fuerzas armadas de México. El general Cienfuegos, cuyo apodo es “El Padrino”, usó su posición como secretario de la Defensa para ayudar al cártel H-2, una organización que derivo del Cartel de los Beltrán Leyva, a transportar drogas sin interferencia de los militares.
Las acusaciones alegan que el general Cienfuegos advirtió al cártel sobre una investigación de las fuerzas del orden de los Estados Unidos quienes utilizaban un informante dentro del cártel. Los líderes del cártel ordenaron entonces el asesinato de un miembro al que identificaron erróneamente como el informante.
La denuncia también alega que el general utilizó su posición para iniciar operaciones contra bandas de narcotraficantes rivales, localizar el transporte marítimo para los envíos de droga, ayudar al cártel a ampliar su territorio y presentar a los líderes del cártel a otros altos funcionarios dispuestos a ser sobornados a cambio de ayudar al grupo.
El cartel “H2”, según la denuncia, se basó en sobornos de otros altos funcionarios del gobierno mexicano no identificados para garantizar el arresto y la tortura de narcotraficantes rivales por parte de las fuerzas del orden mexicanas; la liberación de miembros del cártel “H-2” de la prisión; y la posibilidad de participar en el tráfico de drogas al por mayor, el tráfico de armas de fuego y la violencia, incluyendo docenas de asesinatos, sin la interferencia de las fuerzas del orden mexicanas.
Las fuerzas del orden de los Estados Unidos interceptaron miles de mensajes del BlackBerry Messenger entre el general y los líderes de las organizaciones, según los cargos.
El arresto plantea graves preocupaciones acerca de la corrupción relacionada con las drogas en todas las fuerzas armadas, en la que México ha confiado desde hace mucho tiempo para hacer frente a la delincuencia organizada y a las crecientes tasas de violencia.
López Obrador afirmó que confiaba en los actuales altos mandos del ejército y la marina. Sin embargo, muchos analistas señalaron que los cinco principales oficiales del ejército mexicano, incluido el Secretario de Defensa Luis Cresencio Sandoval, fueron ascendidos por el General Cienfuegos y eran colaboradores cercanos de este.
El ejército es una de las pocas instituciones admiradas en México, en gran parte por su papel en la ayuda en casos de desastre y su práctica de mantenerse al margen de la política en una región en la que los golpes militares a menudo derrocan a los gobiernos civiles. Más del 83% piensa que el ejército es efectivo en su desempeño, según una encuesta del gobierno. Eso se compara con menos del 40% de la policía local.
