El proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta, por primera vez, un futuro incierto ante una oposición que parece reunificarse. Las dirigencias del PAN, PRD y PRI –partido este último que hasta hace poco había acompañado las iniciativas del presidente– han anunciado sus votos en contra del proyecto, que busca una profunda reforma del sistema electoral mexicano. La iniciativa presidencial tampoco tiene asegurado el respaldo de la bancada morenista en el Senado, que debe ratificar lo aprobado por la Cámara baja, según anunció el lunes el jefe del grupo parlamentario, Ricardo Monreal. Ante este escenario adverso, López Obrador y su bancada en la Cámara de Diputados han dado a conocer un “plan B” para sacar adelante su reforma electoral: proponer modificaciones a leyes secundarias –para las que se necesita sólo de mayoría simple en el Congreso, que Morena suma con creces– y no ya a artículos de la Constitución, algo que requiere de negociar con todas las fuerzas políticas para conseguir el voto de las dos terceras partes de los legisladores.
El Gobierno repite así la fórmula de reducir su propia apuesta de reformar la Constitución a reformar leyes, una estrategia que ya implementó en el pasado, ante la negativa de la oposición a negociar reformas al sistema eléctrico y a la Guardia Nacional en los términos en que pretendía el presidente. “Es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes, un plan B”, ha dicho López Obrador este martes en su conferencia diaria. “Lo ideal sería la reforma constitucional, pero, como son intereses de los oligarcas que no quieren la democracia, entonces se hará aquello que se pueda hacer sin violar la Constitución”. Es la primera vez que el proyecto de reforma electoral enfrenta un escenario adverso. El Gobierno había logrado hacerse con el apoyo del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, Alito, e incluso habían avanzado en un borrador de la iniciativa electoral, según confirmó el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez. “Pero se les cayó lo que traían negociado, que era quitarle facultades al Consejo General del INE y a la Sala Superior del Tribunal Electoral”, dijo el líder de MC a EL PAÍS. El lunes, en un mensaje sorpresivo, Alito Moreno anunció que su partido en la Cámara baja no apoyaría el proyecto de López Obrador.
La reunificación del PRI con la alianza Va por México, y el anuncio de rebelión de una fracción del morenismo en el Senado, se ha dado un día después de la marcha ciudadana en contra de la reforma al sistema electoral, en la que los manifestantes acusaron un intento de “desaparecer” al Instituto Nacional Electoral (INE). Tanto Alito Moreno como Monreal han declarado que escucharon el clamor ciudadano y han prometido actuar en consecuencia. Eso, sin embargo, no ha sido el único factor que modificó el tablero político y ha puesto en riesgo la alianza de Morena con el PRI. El cisma comenzó luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, publicó conversaciones privadas entre Moreno y Monreal que mostraban un posible intercambio de favores entre ambos, un tráfico de influencias y la negociación de candidaturas en el Estado de Zacatecas. A partir de esas revelaciones, arreciaron las críticas de ambos políticos hacia Sansores. Y, en el caso de Monreal, se profundizó su distanciamiento del partido –al que ha acusado reiteradamente de favorecer las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum–, al grado de que ha anunciado que evalúa renunciar a su militancia, lo que abre la puerta a la posibilidad de que se convierta en candidato presidencial de la oposición.
Este martes, el propio Monreal ha declarado que, más que la marcha del domingo, el hecho de que continuaran los ataques de Sansores a Alito Moreno ha sido el factor determinante que ha dinamitado cualquier posible negociación del Gobierno con el PRI: “Yo digo que el PRI ya tenía la decisión tomada, no fue la marcha, porque el PRI se sentía que no le habían cumplido o que no se habían cumplido los acuerdos, fundamentalmente los ataques que a diario recibía el presidente del PRI”, dijo en una conferencia de prensa. “Y creo que en la política los acuerdos son claves; si no se honra la palabra, los partidos se alejan, y tienen razón. Si un dirigente, un funcionario o un poder se compromete con una situación y no se cumple, el otro no está obligado a cumplir”.
En un río revuelto que no favorece a Morena, las dirigencias del PAN, el PRD y MC han apremiado a que se vote de una vez por todas el proyecto electoral de López Obrador, conscientes de que el Gobierno ha perdido un aliado, el PRI, y no reunirá los votos de las dos terceras partes de la Cámara baja para aprobar una reforma constitucional. “Lo que quieren es que ya se vote porque saben que posiblemente no se llegue a los 333 votos en la Cámara de diputados”, ha dicho el presidente este martes. “Esto pasó cuando la reforma eléctrica. Era una reforma constitucional, y claro que los conservadores votaron a favor de Iberdrola, de las empresas extranjeras, y en contra de la Comisión Federal de Electricidad, de la empresa pública. Porque así son”.
El lunes por la tarde, el diputado Hamlet García Almaguer –representante de Morena ante el grupo que confecciona el proyecto en comisiones– fue el primero en dar avances del “plan B” oficialista. “Nosotros nos vamos a anclar a estas propuestas presidenciales y nuestro coordinador parlamentario ya le ha informado a la oposición que tienen hasta el 25 de noviembre para que podamos ir en un dictamen de consenso en comisiones, y, si esto no ocurre, Morena va a insistir con la iniciativa presidencial”, dijo en entrevista con la prensa mexicana. “Si se rechaza en el pleno, seguiríamos una ruta similar a la de la reforma eléctrica: presentaríamos a la brevedad una propuesta de legislación secundaria que no requiera ningún consenso con la oposición. Nos bastan los votos con nuestros aliados para poder transitar en un plan B, que sería esta reforma secundaria”. En una exhibición de la fuerza de la aplanadora morenista, García Almaguer incluso anticipó que en abril, cuando cuatro consejeros del INE concluyan su función, el bloque mayoritario podría asegurar el nombramiento de cuando menos tres de los nuevos integrantes del árbitro electoral.
