Con posturas públicamente definidas de parte de la presidencia y parte de la oposición en el Senado, el lunes 21 de diciembre en la comisión de derechos humanos del Senado será discutido el proyecto de ley de indulto general para los investigados y condenados por delitos cometidos durante las revueltas sociales del 2019. Se prevé que en la comisión se escuchen a familiares de los detenidos y a activistas sociales.
Los congresistas que encabezan el proyecto de ley, entre ellos la presidente del Senado, Adriana Muñoz, argumentan que las revueltas se explican “por las graves desigualdades y abusos que vive la población chilena” y apuntan a las “detenciones y uso desproporcionado de la fuerza para enfrentar estos conflictos por parte de los agentes estatales”, que fueron informadas por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW).
El 11 de diciembre tuvo lugar una nueva marcha ciudadana exigiendo el indulto a los procesados por delitos durante el estallido social del 2019 que resultó en cerca de 5000 casos abiertos, de los cuales 232 personas están en prisión preventiva por delitos graves y 725 ya condenados.
Se reclama también por parte de los congresistas propulsores de la ley, las desproporcionadas retenciones masivas llevadas a cabo desde octubre del año pasado y múltiples garantías procesales quebrantadas para mantener plazos indefinidos e injustificados de prisión preventiva bajo un marco de violaciones a los derechos humanos de la policía chilena.
“No se sabe en qué situación están ni los cargos que se les pueden hacer. Hay un total anonimato y ocultamiento de la realidad de estas personas, jóvenes en su mayoría, que lo único que han hecho es salir a protestar”, declaró la senadora Adriana Muñoz.
Por su parte, el presidente Sebastián Piñera anunció su intención de vetar la ley de indulto general en caso de ser aprobada por el Senado. Afirmó en su comunicado desde el Palacio de La Moneda que “esos detenidos lo están por decisión de los tribunales de justicia del Poder Judicial, que es un poder autónomo e independiente en nuestro país”.
“Entre los delitos que se pretende indultar se incluyen delitos tan graves como el homicidio frustrado, el tráfico de armas, la tenencia ilegal de armamento bélico, el incendio, el uso de bombas molotov, los saqueos, los atentados al Metro y al transporte público, las lesiones graves a Carabineros y muchas más”.
Las revueltas sociales de Chile tuvieron un efecto contagioso hacia el resto de la región desde octubre 2019 hasta marzo de este año. Las manifestaciones culminaron con la aprobación del plebiscito para la redacción de una nueva Constitución que busca más justicia e igualdad social. La ley de indulto general para los condenados del estallido social marcaría una resolución total al violento episodio del año pasado.
