Al carnicero lo habían matado y nadie sabía por qué. La ejecución ocurrió a plena luz del día mientras trabajaba en el restaurante familiar, uno de tantos homicidios que cada semana quedan sin resolver en Celaya, una de las ciudades más peligrosas de México.
Sus colegas y su familia lloraban y tomaban tequila para calmar los nervios en tanto que un experto forense caminaba entre las mesas, aún con los alimentos que los clientes dejaron al escapar durante el tiroteo.
Los aprietos de esta ciudad son parte de la situación de seguridad de todo el país, que ha empeorado. La policía en lugares como Celaya dice estar superada en armas por las organizaciones criminales en una guerra que van perdiendo mientras que las fuerzas federales establecidas para enfrentar estas batallas a menudo parecen acudir cuando ha terminado el tiroteo.
Muchos funcionarios y analistas comentan que el incesante derramamiento de sangre —señal de un gobierno que pierde el control del país— ha sido exacerbado por la estrategia transformadora de seguridad puesta en marcha por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, poco después de asumir el poder, estrategia ha reducido las operaciones de inteligencia y hasta el momento no ha logrado reducir las matanzas.
La violencia ha seguido sin cesar en México mes tras mes. Durante algunos días de agosto los cárteles de drogas y los grupos delincuenciales embistieron en cuatro estados —disparando contra policías y militares, quemando negocios y vehículos y cerrando caminos y locales—, entre esas entidades, Celaya. Días después, el hijo del alcalde de Celaya fue asesinado afuera de una farmacia. Esta semana, la violencia obligó a que escuelas y universidades cancelaran clases en el cercano estado de Zacatecas.
López Obrador ha minimizado la violencia durante su mandato y responsabiliza a las gestiones anteriores de ese problema.
“Sin duda están exagerando nuestros adversarios”, dijo el presidente en una conferencia de prensa reciente. “Está como montado, es propagandístico. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia”.
Sin embargo, el ataque en el restaurante de Celaya sucedió un miércoles normal por la tarde. Pareciera que casi todas las personas de esta ciudad, con una población de unos 500.000 habitantes en el centro de México, conocen a alguien asesinado o desaparecido. Los homicidios aumentaron un 32 por ciento en los primeros cuatro meses del año, en comparación con el mismo periodo en 2021. Los voluntarios de la comunidad se reúnen semanalmente para buscar cuerpos. El gobierno rara vez puede prevenir la violencia o llevar a sus perpetradores ante la justicia.
Celaya solía ser un centro próspero y pacífico en el estado de Guanajuato, con importantes carreteras nacionales y vías férreas que lo conectan con Estados Unidos. Una industria automotriz vibrante atrajo a familias japonesas que decidieron vivir en medio de su hermosa arquitectura colonial mientras trabajaban en las fábricas de Honda y otras compañías internacionales.
Pero Celaya dio un giro brutal hace unos cuatro años, cuando uno de los cárteles más poderosos de México, Jalisco Nueva Generación, entabló una lucha por el territorio con una organización criminal local. Ahora, el gobierno lucha por reafirmar el control sobre la seguridad, y muchos extranjeros y mexicanos adinerados se han mudado.
“Hay un fenómeno que se llama aquí fenómeno cucaracha, es decir, van pasando las fronteras de un estado a otro”, dijo sobre los cárteles Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, un obispo católico en Celaya. Dijo que la violencia lo obligó a hablar, lo que la iglesia suele evitar. Este verano, la nación quedó atónita cuando hombres armados ejecutaron a dos sacerdotes en el norte de México después de que una persona a la que perseguían se refugiara en su iglesia.
El problema, según el obispo, es la falta de un plan efectivo del gobierno a nivel nacional, una evaluación compartida por los oficiales de la policía municipal y el jefe de seguridad del estado de Guanajuato.
López Obrador dijo que su estrategia de seguridad sería “abrazos, no balazos”: invertir en las comunidades para combatir la pobreza que impulsa la criminalidad y disolver la Policía Federal para construir una fuerza policial de la Guardia Nacional dirigida por civiles que sería “incorruptible”.
Pero, con estos cambios, México perdió casi la mitad de su capacidad de inteligencia para investigar y desmantelar las vastas redes criminales del país, lo que agudizó la impunidad que posibilita los delitos.
“¿Qué debe hacer un gobierno? Pues gobernar. ¿Y qué es lo que hace un médico? Cuidar a los enfermos. ¿Un ingeniero civil? Hacer carreteras”, dijo el obispo.
El mandatario niega que México se haya vuelto más violento durante la primera mitad de su mandato de seis años, que termina en 2024. Los homicidios cayeron casi un 3 por ciento desde 2018, año en que asumió el cargo, hasta fines de 2021, pero los cárteles han ampliado su alcance. El año pasado, la violencia provocó eventos de “desplazamiento masivo” que llevaron a 44.905 mexicanos a huir de sus hogares, casi cinco veces más que el año anterior, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una organización civil.
Mientras el presidente se prepara para dar su Informe de Gobierno, esta situación causa frustración entre los mexicanos: en una encuesta publicada esta semana por el periódico El Universal, más de la mitad de los encuestados dijo que el empeoramiento de la violencia muestra que la estrategia de seguridad del gobierno federal ha fallado.
Cuando López Obrador desmanteló la Policía Federal en 2019, por denuncias de corrupción que habían sido documentadas, creó la nueva Guardia Nacional al mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una secretaría liderada por civiles, con el fin de enfrentar el crimen y permitir que el gobierno sacara a los militares de las calles. Ahora, se espera que transfiera esa organización a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha cumplido su cometido: mejorar la seguridad del país. Muchos policías federales se negaron a incorporarse debido a los recortes salariales. Otros que se unieron pronto se fueron porque los militares retirados que dirigen la Guardia Nacional no los trataban como iguales, según entrevistas con diversos policías.
La disolución de la Policía Federal también significó que la fuerza de investigación contra el crimen de México se redujo casi a la mitad de la noche a la mañana, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para poder compartir detalles confidenciales. Ese cuerpo policial tenía unos 10.000 investigadores; la Guardia Nacional solo tiene unos pocos cientos, dijo el funcionario.
Alejandro Hope, analista de seguridad radicado en Ciudad de México, analizó datos gubernamentales y dijo que aunque la Guardia Nacional casi triplica el tamaño de su predecesora, solo realizó unos 8000 arrestos el año pasado en comparación con los 21.700 de la Policía Federal en 2018. Solo 14 de las detenciones de la Guardia Nacional se debieron a labores de inteligencia.
“Sin buenas unidades de inteligencia e investigación, siempre estarás apagando incendios y no podrás evitar que se inicien”, dijo Cecilia Farfán Méndez, investigadora en temas de seguridad de México en la Universidad de California en San Diego.
Altos funcionarios mexicanos están de acuerdo.
“Las áreas de inteligencia que tenía la Policía Federal, pues prácticamente las desaparecieron”, dijo Sophia Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato.
“Aquí, las labores de la Guardia Nacional solamente son de patrullaje”, dijo, y agregó que lo que se necesitaba eran investigaciones a profundidad para abatir a las organizaciones criminales.
En Celaya, como en muchas ciudades y pueblos de México, la policía municipal es demasiado pequeña. Según las proporciones recomendadas por Naciones Unidas, una ciudad del tamaño de Celaya debería tener una fuerza policial de 2300 efectivos; en cambio tiene 900.
El secretario de seguridad de Celaya, Jesús Rivera Peralta, dijo que había tratado de erradicar las malas prácticas y recientemente despidió a unos 200 policías por corrupción y bajo rendimiento.
Como en gran parte de México, la corrupción está muy arraigada. Dos oficiales de Celaya que solicitaron el anonimato para hablar abiertamente se quejaron de hallar drogas y mochilas con insignias de los cárteles dentro de los vehículos de sus superiores.
Con un flujo constante de armas contrabandeadas desde Estados Unidos, donde las leyes de compra de armas son más flexibles, las pandillas superan en armas a la policía de Celaya. En los últimos meses, se han lanzado granadas contra patrullas policiales.
“Una escena de guerra total”, Edgar García Carrillo, médico de urgencias del principal hospital de la ciudad, dijo sobre un tiroteo que había dejado un saldo de ocho personas fallecidas. Estima que el número de heridos relacionados con la violencia se ha triplicado en los últimos cuatro años.
“Nunca he estado en una guerra, pero te imaginas como si estuvieras”, dijo.
La semana pasada, los cuerpos de una mujer y un hombre jóvenes fueron encontrados en un campo baldío, el hedor a descomposición flotaba hacia un vecindario cercano y una escuela preparatoria militar. Las fuerzas de seguridad y los residentes observaron cómo un especialista forense con un traje blanco con capucha y cremallera tomaba fotos de los cadáveres descompuestos.
Después de la explosión de violencia en todo México en agosto, los funcionarios de una de las secundarias más grandes de Celaya se reunieron con Rivera y sus principales funcionarios de seguridad, pidiéndoles más protección contra los delincuentes que acosan a los estudiantes en el camino a la escuela, robándoles y vendiéndoles drogas.
“No sé si hay posibilidad de que establecieran un módulo de vigilancia aquí cerca”, preguntó Maura Martínez, funcionaria de la escuela. “Es un sueño que tenemos, ¿qué tan posible es?”.
“Últimamente, las casetas se han convertido en un matadero para los oficiales”, dijo Edgar Chávez, comandante de la policía, y agregó que harían todo lo posible para mejorar la seguridad.
En Celaya, los asesinatos aumentaron de menos de 80 en 2010 a más de 800 en 2020 y disminuyeron un poco el año pasado al ubicarse en unos 640; cientos de personas han desaparecido.
El hermano de Olimpia Montoya y un amigo, un policía fuera de servicio, salieron un día de 2017, y desde entonces no han aparecido. Las autoridades le restaron importancia a la desaparición cuando su familia la denunció, afirmando, sin pruebas, que los dos hombres tenían una relación secreta y se habían escapado juntos. Los forenses del gobierno tardaron cinco años en recolectar todo el ADN que necesitaban de la familia para ver si coincidía con algún cuerpo no identificado.
Montoya ya no cree que encontrará a su hermano con vida, pero espera hallar su cuerpo y darle un entierro adecuado al que ella y sus padres puedan asistir.
“No desean partir de este plano sin saber qué fue de su hijo”, dijo.
