El 9 de noviembre de 2021, en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llamó la atención mundial al hacer una propuesta a todas luces vanguardista: pidió a todos los países apoyar la creación de un Fondo Mundial de Fraternidad y Bienestar, que captaría aportaciones de los más ricos —personas, empresas y países— para dar una vida digna a 750 millones de pobres en todo el mundo. El mandatario esbozó algunas líneas generales del plan, y se comprometió a que “en los próximos días” México presentaría el programa en forma ante la Asamblea General de la ONU. La propuesta del mandatario no encontró eco entre los países, que le hicieron notar que el Consejo de Seguridad no era el lugar idóneo. Meses después, López Obrador lamentó la falta de respaldo de las naciones. A dos años de que formuló su plan, no existe evidencia de que el Gobierno mexicano lo haya presentado a la Asamblea General, ni de que se haya avanzado siquiera en su conformación.
Así lo han confirmado la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda mediante respuestas a solicitudes de transparencia realizadas por la organización Fundar. Esta asociación especializada en justicia fiscal pidió a esas tres dependencias los documentos donde consten los avances de la elaboración del plan. Las instituciones respondieron en los mismos términos: “la información requerida no obra en nuestros archivos” o “no se localizaron documentos que contengan la información”, maneras oficiales de decir que lo solicitado no existe.
Para corroborar las posiciones institucionales, este periódico preguntó directamente a las direcciones de comunicación social de las tres dependencias. Los funcionarios consultados no respondieron, tras una semana de espera. En el caso de Relaciones Exteriores, se preguntó expresamente si el Gobierno mexicano presentó la propuesta altruista de López Obrador ante la Asamblea General de la ONU en 2021 o 2022. La dependencia tampoco respondió esta cuestión. No obstante, entre los documentos públicos presentados por México en los periodos ordinarios de sesiones de las Naciones Unidas en ambos años no figura el proyecto de López Obrador.
Al esbozar su plan en noviembre de 2021, el mandatario dijo que el Fondo Mundial de Fraternidad y Bienestar dispondría de un billón de dólares anuales mediante tres fuentes de financiamiento: la donación voluntaria del 4% de las fortunas de las personas más ricas; una aportación semejante de las 1.000 corporaciones más grandes, y la contribución del 0,2% del PIB de cada país integrante del G-20.
La propuesta de López Obrador era una crítica al “letargo” en el que estaba sumido el organismo internacional. Según el presidente, la experiencia de la pandemia demostraba que las corporaciones farmacéuticas se habían impuesto rotundamente al mecanismo Covax y que la ONU se había convertido en una institución intrascendente. “Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación atendiendo las causas y no sólo las consecuencias”, dijo entonces desde Nueva York.
López Obrador explicó que los recursos recabados por el fondo se entregarían de manera directa a los beneficiarios de todo el planeta, sin intermediación de organizaciones civiles, en forma de becas para estudiantes, pensiones para adultos mayores, apoyos para niños con discapacidad, ayudas a campesinos y pagos a jóvenes que trabajen como aprendices. Para determinar a la población objetivo, dijo el mandatario, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) harían, a partir de 2022, un “censo de los más pobres del mundo”. Estas directrices no eran sino una réplica del modelo de la política implementada por López Obrador en México: censos controlados por el Gobierno y paralelos a los que realizan organismos técnicos; dispersión de recursos mediante programas sociales para los más pobres; desconfianza de las organizaciones de la sociedad civil.
Más allá de lo que significa el vacío que hicieron los países de la ONU a la propuesta del presidente, resulta más apremiante hablar de los pendientes en México en materia de política tributaria, redistribución de la riqueza y combate a la desigualdad, sostiene Iván Benumea, coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar. El especialista señala que, si bien esta Administración ha implementado algunas acciones para reducir la concentración de la riqueza, como el combate a la evasión fiscal y el aumento al salario mínimo, aún hay retos para hacer que las grandes empresas y los individuos más ricos paguen impuestos proporcionales. Como botón de muestra: de los 34 países de la OCDE, México tiene los niveles más bajos de recaudación tributaria respecto de su PIB.
“Es fundamental que se implementen impuestos que logren reducir la concentración de riqueza que tienen algunos individuos en este país. Se estima que el 50% de la riqueza —todos los activos y bienes, que incluyen casas, terrenos, empresas, etcétera— está en posesión del 1% más rico de este país”, afirma Benumea en entrevista. “Estos fenómenos podrían ser abordados si el Estado mexicano les cobrará más impuestos a las personas que tienen más, y que luego redistribuyera esos recursos en favor de políticas públicas como la construcción de hospitales, la transferencias de recursos hacia hogares de menores ingresos, incrementar los fondos para los programas sociales que han tenido resultados favorables para reducir la pobreza. Hay muchas opciones de lo que se podría hacer con esos recursos que hoy, definitivamente, están concentrados en muy pocas personas”, señala.
El especialista sostiene que se deben revisar los llamados beneficios fiscales, un recurso legal que permite a las empresas y a los muy ricos pagar menos impuestos mediante deducciones, exenciones, tasas reducidas y facilidades administrativas. Agrega que son prácticamente nulos los impuestos a la propiedad, como los impuestos a las transacciones de capital, a la riqueza neta y a las herencias. De igual modo, señala, se podrían reforzar las leyes para exigir a las multinacionales pagar sus impuestos en México, como país donde generan sus ingresos, y no que evadan sus obligaciones trasladando su riqueza a paraísos fiscales.
“Tiene que actuarse cuanto antes, porque los retos en materia de financiamiento para que la política social contribuya todavía más a reducir las desigualdades y la pobreza y a garantizar los derechos humanos, definitivamente, necesitan más presupuesto. Y en algún punto se necesitará una reforma fiscal más ambiciosa si López Obrador realmente quiere contribuir a alcanzar todos los propósitos de política social que se ha planteado”, señala Benumea.
