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La libertad de expresión y el periodismo independiente siguen siendo violentados en Nicaragua

La mañana del 14 de diciembre, Carlos Fernando Chamorro, figura líder en  la lucha contra la censura y persecución del periodismo independiente en  Nicaragua, fue echado a empujones cuando reclamaba una vez más el  embargo policial del edificio sede del diario Confidencial.  Las instalaciones de Confidencial, medio que preside Chamorro, fue  atacado policialmente hace dos años por orden del presidente Daniel  Ortega como retaliación a su labor periodística denunciando abusos a los  derechos humanos mediante entrevistas, reportes e investigación.  

No importa que el Estado policial se exhiba por la fuerza bruta, porque no  van a confiscar las ideas, no van a confiscar al periodismo nunca”, declaró  Chamorro al ser expulsado. 

Confidencial y Carlos Chamorro han sido las víctimas principales de la  represiva agenda del gobierno de Ortega. Sin embargo, existen alrededor de  cuarenta periodistas, varios canales y programas televisivos y dos emisoras  de radio en Nicaragua que denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos violaciones a la propiedad privada, persecución  periodística y perjuicios. 

La represión y persecución hacia el periodismo independiente de oposición  fue consolidada e institucionalizada mediante la aprobación de la ley  Especial de Ciberdelitos, catalogada como “Ley Mordaza”, en octubre de  este año. Esta ley permite la “criminalización” de publicaciones en medios  de comunicación independientes y redes sociales de contenido considerado  por el gobierno como falso con penas de cárcel que van de uno y diez años.  también va contra los ciudadanos que hagan críticas al gobierno en las  llamadas plataformas digitales. 

En especial el artículo número 30 de esta ley faculta al gobierno de Ortega  de imponer penas de hasta cinco años de prisión a quienes publiquen  noticias consideradas falsas, que perjudiquen el honor de otras personas y  amenacen el orden público. Siendo el mismo gobierno el único que puede catalogar cuando un periodista, individuo o medio difunda una  información falsa que quebrante lo determinado por esta ley. 

Los múltiples juicios en contra de reporteros, la confiscación de  redacciones y canales independientes y más de 300 agresiones hacia  periodistas en lo que va del 2020, evidencian el hostigamiento y la violación  a la libertad de expresión latente en Nicaragua. 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos pronunció su rechazo a la  Ley Especial de Ciberdelitos y denunció la violación de convenios  internacionales de derechos humanos que ella conlleva, aludiendo que la  ley “cercenaba la libertad de expresión y prensa en Nicaragua”. 

La represión de la prensa libre efectuada por el gobierno nicaragüense es  una característica común de los regímenes autoritarios presentes en la  región. En Ecuador se aprobó una ley mordaza muy similar en el 2013 por  la administración del expresidente Correa, mientras que México se  encuentra entre los países con más atentados en contra de periodistas y  comunicadores junto a Venezuela y Nicaragua.