La mañana del 14 de diciembre, Carlos Fernando Chamorro, figura líder en la lucha contra la censura y persecución del periodismo independiente en Nicaragua, fue echado a empujones cuando reclamaba una vez más el embargo policial del edificio sede del diario Confidencial. Las instalaciones de Confidencial, medio que preside Chamorro, fue atacado policialmente hace dos años por orden del presidente Daniel Ortega como retaliación a su labor periodística denunciando abusos a los derechos humanos mediante entrevistas, reportes e investigación.
“No importa que el Estado policial se exhiba por la fuerza bruta, porque no van a confiscar las ideas, no van a confiscar al periodismo nunca”, declaró Chamorro al ser expulsado.
Confidencial y Carlos Chamorro han sido las víctimas principales de la represiva agenda del gobierno de Ortega. Sin embargo, existen alrededor de cuarenta periodistas, varios canales y programas televisivos y dos emisoras de radio en Nicaragua que denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos violaciones a la propiedad privada, persecución periodística y perjuicios.
La represión y persecución hacia el periodismo independiente de oposición fue consolidada e institucionalizada mediante la aprobación de la ley Especial de Ciberdelitos, catalogada como “Ley Mordaza”, en octubre de este año. Esta ley permite la “criminalización” de publicaciones en medios de comunicación independientes y redes sociales de contenido considerado por el gobierno como falso con penas de cárcel que van de uno y diez años. también va contra los ciudadanos que hagan críticas al gobierno en las llamadas plataformas digitales.
En especial el artículo número 30 de esta ley faculta al gobierno de Ortega de imponer penas de hasta cinco años de prisión a quienes publiquen noticias consideradas falsas, que perjudiquen el honor de otras personas y amenacen el orden público. Siendo el mismo gobierno el único que puede catalogar cuando un periodista, individuo o medio difunda una información falsa que quebrante lo determinado por esta ley.
Los múltiples juicios en contra de reporteros, la confiscación de redacciones y canales independientes y más de 300 agresiones hacia periodistas en lo que va del 2020, evidencian el hostigamiento y la violación a la libertad de expresión latente en Nicaragua.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos pronunció su rechazo a la Ley Especial de Ciberdelitos y denunció la violación de convenios internacionales de derechos humanos que ella conlleva, aludiendo que la ley “cercenaba la libertad de expresión y prensa en Nicaragua”.
La represión de la prensa libre efectuada por el gobierno nicaragüense es una característica común de los regímenes autoritarios presentes en la región. En Ecuador se aprobó una ley mordaza muy similar en el 2013 por la administración del expresidente Correa, mientras que México se encuentra entre los países con más atentados en contra de periodistas y comunicadores junto a Venezuela y Nicaragua.