Morena impulsó con éxito las adiciones a La Ley de Seguridad Nacional en el Congreso para frenar el papel de los agentes de policía extranjeros desempeñando actividades en México. La medida ha sido ampliamente criticada por los Estados Unidos, que creen que paralizará los esfuerzos bilaterales para luchar contra los cárteles de la droga.
La legislación, aprobada el martes en La Cámara de Diputados por 329 votos a favor y 98 en contra, se produjo tras el arresto en EE.UU. del ex Secretario de Defensa de México por cargos de tráfico de drogas y corrupción. La detención del General Salvador Cienfuegos en octubre llevó al presidente López Obrador a cuestionar el papel de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en ingles), describiéndola como una agencia deshonesta que atenta contra la soberanía mexicana.
Las restricciones a las operaciones de los agentes extranjeros están dirigidas a la DEA y a varios agentes del orden público de los Estados Unidos, exagentes y analista de seguridad.
El mes pasado, el Fiscal General de los EEUU William Barr retiró los cargos contra el General Cienfuegos y lo devolvió a México, anunciando que la detención del general sofocaría la cooperación bilateral en materia de seguridad. El viernes, antes de que el proyecto de ley se convirtiera en ley, Barr aseguró en un lenguaje inusualmente contundente que a los Estados Unidos les preocupaba que la ley pusiera en peligro la futura cooperación bilateral de seguridad.
“Estamos preocupados por la legislación que se encuentra actualmente en el Congreso mexicano, que tendría el efecto de hacer que los ciudadanos de México y Estados Unidos estén menos seguros”, dijo el Fiscal. La ley “sólo puede beneficiar a las violentas organizaciones delictivas transnacionales y a otros delincuentes contra los que luchamos conjuntamente”.
La legislación presentada al Congreso por la administración de López Obrador ordena a los funcionarios locales, estatales y federales de México que informen al gobierno federal de toda llamada telefónica, reunión o comunicación con un agente extranjero dentro de los tres días siguientes a su ocurrencia. Los agentes extranjeros deben informar al gobierno federal de cualquier información que obtengan y presentar informes mensuales de sus actividades.
Vanda Felbab-Brown, experta en seguridad de la Institución Brookings, lo denominó como un “freno al juego” si se aprobaba y un dolor de cabeza que podría llevar a relaciones tensas con la administración entrante de Joe Biden, el presidente electo de los EEUU.
“Creo que producirá verdaderas dificultades con la administración Biden”, añadió. “Los EE.UU. interpretará esto como una relación hostil que busca socavar la cooperación entre EE.UU. y México en materia de delincuencia.”
López Obrador ha dicho que quiere “reorientar completamente la Iniciativa Mérida, porque no ha funcionado”. Ha dicho que preferiría emplear los recursos en desarrollo territorial.
Este proyecto de ley podría ser el clavo en el ataúd. “Si se aprueba, realmente terminará la colaboración [en materia de seguridad] entre Estados Unidos y México tal y como existe y la devolverá al congelador de principios de los 90 tras las repercusiones del asunto de Kiki Camarena”, dijo la Sra. Felbab-Brown, refiriéndose al secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique Camarena por parte del Cartel de Guadalajara en México.
Aunque tanto México como Estados Unidos tienen intereses en la lucha contra los cárteles, Mike Vigil, ex titular de la DEA, dijo que México era el que más tenía que perder con el proyecto de ley, ya que las capturas de alto perfil dependían en gran medida de la inteligencia de Estados Unidos, y “tratábamos de proporcionar capacitación en el trabajo en materia de vigilancia y técnicas que no conocían bien”.
“Esto no es nada más que México disparándose a sí mismo en el pie”.
