La pandemia ha puesto al descubierto la enorme desconfianza de los mexicanos hacia los servicios públicos de Salud, así como las carencias de la mitad de la población, que no tiene seguro popular. Un 76% de los afectados acudió a los centros privados para recibir tratamiento, tanto a hospitales (53%) como a las consultas de las farmacias (23%). Estas cifras son aún mayores entre los trabajadores sin afiliación a un seguro. Apenas el 12% usó la red pública sanitaria. Preocupante es también el dato de los que no visitaron a ningún médico cuando percibieron malestar que podría estar asociado a la covid por miedo a contagiarse en los centros médicos, un 16%. Cerca de 10 personas de cada 100 no fueron por falta de dinero.
La Encuesta Nacional de la Salud y Nutrición 2020 presentada este viernes revela una inmunidad de rebaño, es decir, las personas que son seroprevalentes por haber sido contagiados, de 31 millones de ciudadanos, una cifra muy corta puesto que la muestra sanguínea se tomó entre agosto y noviembre del año pasado y la Secretaría de Salud habla ya de 60 millones de personas con anticuerpos. Pero sí es revelador el dato de los asintomáticos que se detectaron en aquellas pruebas, un 67,3% o con algún síntoma (11,2%). La estrategia contra el Covid en México no ha seguido las recomendaciones internacionales en ese sentido, que pedían hacer muestras aleatorias en la población para sacar a la luz a todos aquellos sin síntomas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se ha aferrado de nuevo a esa posición: “Se confundió la idea de los asintomáticos como propagadores de la enfermedad, cuando su potencial de contagio es bajo”. Gatell ha afirmado lo “positivo” de la inmunidad de rebaño “con casos asintomáticos, porque se logra inmunidad y se detiene la epidemia”. Después ha matizado: “Nunca se pensó, porque eso sería una atrocidad [en dejar libre la pandemia para alcanzar la inmunidad], pero esa es la libre evolución [de la enfermedad], es una realidad”.
El subsecretario también se ha referido a la práctica común de acudir a las consultas de las farmacias en lugar de asistir a los servicios públicos, a la luz de los datos de las encuestas. En los últimos tres meses, solo el 34% de la población optó por la red pública, cuando en 2018 lo hacía el 41%. Gatell ha cargado contra las consultas farmacéuticas, donde los médicos, dice, “tienen estímulos perversos para recetar y seguro que han prescrito antibióticos o esteroides que descontrolan la diabetes y donde se les han hecho pruebas no indicadas. Después les mandan a casa, donde siguen propagando la enfermedad y solo cuando están graves acuden a las urgencias públicas”. Esta “anécdota ilustrativa”, ha dicho, “puede multiplicarse por millones de casos durante la pandemia de covid”. Sorprenden estas declaraciones cuando fue el propio subsecretario el que durante meses recomendó en sus conferencias vespertinas televisadas -que concluyen este viernes- que aquellos con síntomas leves permaneciera en casa para no saturar las urgencias. El mensaje se modificó mucho tiempo después cuando era notorio que miles de personas estaban muriendo en sus casas por esa razón o por miedo a acudir a los hospitales.
Esos recursos privados, los consultorios farmacéuticos, “no tienen regulación y presentan deficiencias”, ha criticado el subsecretario. Pero también ha reconocido que el seguro popular “no ha sido suficiente o fue un fracaso, porque no ha logrado expandir la oferta de servicios”. Estas declaraciones no eran la asunción de una responsabilidad, sino que las atribuye al pasado, “a un sistema de salud precario, insuficiente y con una gran reducción de su capacidad en los últimos 20 años”. Para Gatell, el gran problema se detecta en la atención ambulatoria, que orilla a la gente a buscar ayuda en pequeñas consultas privadas, que durante la pandemia han incrementado en 12 puntos porcentuales la asistencia que prestan. A pesar de ello, esos médicos no han sido vacunados en las fases prioritarias, algo de lo que se quejaron constantemente.
La encuesta de salud se detiene, como cada año, en las enfermedades crónicas que padece la población, diabetes e hipertensión, así como en la alta prevalencia de obesidad y sobrepeso, que no para de crecer. “México es un país enfermo, crónicamente enfermo”, ha señalado Gatell. Estas patologías están fatalmente asociadas a las defunciones por covid y son las causantes de la tercera parte de las muertes en el país. En México, no alcanzan a tres de cada diez personas las que pueden decir que están en su peso justo. La diabetes la padece más de una cuarta parte de los adultos aunque el 30% de ellos lo desconoce, un riesgo acentuado. Y la hipertensión sube al 30%.
Hace 21 años que los responsables de la Salud ya se alarmaron por el incremento alarmante de la obesidad y el sobrepeso, pero no han sido capaces de frenarlo. Desde 2012, la incidencia se ha elevado dos puntos porcentuales, hasta alcanzar ese 74% de afectados. El dato preocupa porque también se está elevando entre la población adolescente. Especialmente agudo es el problema en la frontera con Estados Unidos y en la península yucateca y Estados colindantes. Sin embargo, la Ensanut muestra que durante la pandemia, en contra de lo que se ha venido afirmando, se ha experimentado una “leve reducción”.
“Se trata de un modelo de desarrollo que ha sustituido la clásica nutrición de los mexicanos por productos industrializados procesados y ultraprocesados, con gran valor calórico pero nulo valor nutricional”, ha señalado. Un problema con el que viene trabajando el Gobierno actual con campañas informativas y que en algunos Estados, como Oaxaca, ha llevado a medidas más drásticas, con la prohibición de venta de estos refrescos y botanas a los menores de edad.
Los niños consumen más refrescos azucarados que agua. En algunas zonas no es de extrañar, porque el suministro de agua potable no existe. Un 38% de los menores de cinco años muestra sobrepeso u obesidad y sube cinco puntos en los adolescentes respecto al año anterior. El 86% de los niños en edad preescolar consume bebidas azucaradas casi a diario y un 56% dulces o botanas. Las leguminosas, tan beneficiosas para la salud, apenas se incluyen en su dieta. Ni las verduras. Miles de puestos con refrescos y aperitivos calóricos se extienden por las calles del país, incluso en las farmacias puede comprarse una coca-cola, un modelo muy estadounidense, que es el primer país en obesidad del mundo. México le sigue. Estos productos, en poblaciones pobres y remotas están causando estragos, porque son más accesibles que las tortillas y la fruta, por ejemplo.
La pandemia ha acrecentado la inseguridad alimentaria de los mexicanos, es decir, aquellos que se han preocupado porque su sustento no llegara a la mesa. Ha ocurrido sobre todo en el medio urbano. Y 1,1 millones de hogares dejaron de tener esa seguridad alimentaria respecto a 2018/19. Y persiste el hambre en amplias zonas de la sociedad, que puede traducirse en malnutrición con consecuencia de falta de peso o de obesidad, por consumir productos baratos pero inadecuados. El subsecretario ha defendido las políticas de ayudas del Gobierno y la “protección financiera para los más necesitados” en contra del rescate a las empresas que se ha demandado. Y se ha referido a los contagios de covid, más frecuentes entre los trabajadores que no han podido guardar confinamiento porque viven al día. “Al pueblo no se le puede forzar con medidas coercitivas”, ha señalado.
La encuesta señala que más de la mitad de la población se ha visto obligada a salir a trabajar cuando se recomendaba confinamiento, porque no tenían ayudas económicas que pudieran sustituir el rendimiento de su oficio, mientras que el gasto en salud ha aumentado un 5,8%. Esa debe ser la razón de que sea más acusada la presencia de anticuerpos entre los trabajadores que entre estudiantes, desempleados y jubilados. Y también en las zonas urbanas que en las rurales. La diferencia entre el campo y la ciudad también se manifiesta en el comportamiento de la población ante las medidas de protección anticovid. Hasta 10 puntos de diferencia se encuentran en el uso del cubrebocas y el lavado constante de manos, por ejemplo, siendo menor en el campo. En general, esas medidas las ha adoptado alrededor de un 75% de la ciudadanía. El conocimiento de las formas de protegerse también acusa esos 10 puntos de diferencia. El mundo rural, en general, ha vivido más ajeno a la pandemia y su inmunidad ha de ser, en consecuencia, menor.
Las jornadas más dramáticas de la enfermedad se han vivido en las zonas metropolitanas, con cientos de personas merodeando por los hospitales sin recibir la atención precisa. Y muchos se han endeudado severamente por los tratamientos recibidos en los centros privados. Pero la desconfianza en el sistema público de salud no es solo para casos de covid. En general, los mexicanos muestran sus reticencias ante el fragmentado sistema sanitario. El 40% está afiliado al IMSS, pero más de la mitad utiliza los servicios privados para tratar sus dolencias. Y solo un 36% de los que pertenecen al ISSTE. Entre el 50% de los que no tienen seguro, un 69% acude a los servicios privados, generalmente a los más baratos, las consultas de barrio y anejas a las farmacias.
La encuesta se ha elaborado a partir de las respuestas en 10.216 hogares de nueve regiones entre agosto y noviembre de 2020. Y se han efectuado 9.464 muestras de sangres para medir la seroprevalencia al SARS-cov 2. Es la Secretaría de Salud la que se encarga de estas estadísticas desde hace 30 años.