Año a año se ensancha la brecha entre ricos y pobres. El mundo tiene más de 8.000 millones de personas, pero solo 3.000 familias concentran el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, por lo que tienen en sus manos unos 14 billones de dólares. En 1987, acumulaban una riqueza combinada equivalente al 3% del PIB. Un crecimiento de 10 puntos en cuatro décadas, según el informe presentado este lunes por Oxfam en el que analiza El multilateralismo en una era de oligarquía global. Mientras unos pocos engordan sus bolsillos, casi la mitad de la población mundial vive por debajo de la línea de la pobreza, el equivalente a unos 6,85 dólares por día (unos 135 mxn al cambio).
La mayoría de estas familias viven en lo que la organización denomina el “norte global”, que abarca a las regiones históricamente ricas y poderosas, como América del Norte, Europa y Australia. ¿Cómo es posible que tan pocos hogares acumulen tanto? Según el informe, es resultado de políticas económicas globales diseñadas para favorecer a los más ricos. Entre 1980 y 1990, los gobiernos adoptaron medidas neoliberales que dieron prioridad al crecimiento privado sobre el bienestar social. Este desequilibrio explica que a día de hoy, el 80% de las familias posean menos de un tercio de la riqueza total.
Esta élite económica está estrechamente vinculada al poder corporativo, de ahí que cada vez sea menor el número de empresas que dominan mercados clave en sectores como la farmacéutica, la agricultura y la tecnología. En la actualidad, dos compañías controlan el 40% del mercado mundial de semillas, tres gigantes tecnológicos tienen el 75% de los ingresos publicitarios, y el 10% de las empresas más grandes de Estados Unidos poseen el 95% de las ganancias corporativas que se generan después de impuestos.
El monopolio ha dado pie a otros problemas económicos, según denuncia el informe, entre los que destaca la evasión fiscal. Mientras los países del sur luchan por financiar servicios públicos esenciales como la educación o la salud, las familias más ricas del mundo buscan formas para minimizar sus impuestos, moviendo su dinero a través de paraísos fiscales y aprovechando vacíos legales. Esta fuga de capitales implica la pérdida de miles de millones que las regiones en desarrollo podrían invertir en mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Las estimaciones son, de manera conservadora, que el abuso fiscal por parte de los multimillonarios y las corporaciones cuesta a los países de bajos ingresos 47.000 millones de dólares anuales.
El poder que han adquirido en estos años quienes detentan el poder económico les ha permitido influir en los intentos de los organismos internacionales por emprender reformas fiscales globales. El mayor ejemplo, según Oxfam, es el Marco Inclusivo sobre la Erosión de Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios (BEPS), promovido por la OCDE en 2021 para imponer un impuesto mínimo a nivel internacional a las grandes empresas. Los expertos señalan que el marco no fue suficientemente ambicioso para abordar de manera efectiva la evasión de impuestos, lo que ha permitido a las multinacionales seguir trasladando sus beneficios a jurisdicciones con baja imposición.
El poder de estas familias no se limita solo a las finanzas. Sus decisiones también tienen un impacto en el cambio climático. El documento recuerda que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021 (COP26) estuvieron presentes más de 500 lobistas de combustibles fósiles, superando la representación conjunta que tenían los ocho países más afectados por la crisis climática, entre los que figuraba Pakistán, Filipinas y Mozambique.
En la reunión que se hizo dos años después, una cuarta parte de los delegados más ricos ahí presentes había hecho su fortuna en industrias como la petroquímica, la minería o la producción de carne de vaca. Oxfam subraya que el 1% más rico de la población mundial —del cual son parte estas 3.000 familias— es responsable de una cantidad de emisiones de dióxido de carbono mayor que la de los dos tercios más pobres del planeta, y emiten tres millones de toneladas cada año.
Su poder se extiende también a la legislación internacional sobre la propiedad intelectual. El organismo recuerda que durante la pandemia, las farmacéuticas gastaron millones en cabildeo para asegurarse de mantener los derechos sobre las vacunas. Esto “contribuyó en última instancia a un apartheid de las vacunas” donde los países ricos acapararon las dosis mientras impedían que otros productores fabricaran las dosis y aumentaran el suministro disponible para los países de menores ingresos.
La organización remite a otros estudios recientes, según los cuales una distribución más equitativa de vacunas habría prevenido hasta un 13,3% de muertes a nivel global, y hasta un 39% en los países de bajos ingresos. Aunque en 2022 se aprobó una renuncia parcial a los derechos de propiedad intelectual, fue limitada y llegó demasiado tarde para tener un impacto significativo. Un año antes, cuando todavía el mundo estaba volcado en controlar la crisis sanitaria, gigantes como Pfizer pagaron millones en dividendos a sus accionistas gracias a las ganancias que obtuvieron en este periodo.
El informe relata que mientras una minoría ha acaparado riqueza y poder, en los últimos años el impacto de la pandemia y las crisis geopolíticas han incrementado las dificultades presupuestarias en muchas economías en desarrollo. En algunos casos, los Estados gastan hasta un 40% de sus presupuestos anuales en servicio de deuda, superando con creces lo que invierten en educación, salud o protección social. Además, estos países se ven obligados a recurrir a nuevos préstamos para pagar los anteriores, quedando atrapados en un ciclo interminable de deuda, impulsado por prestamistas privados que cobran intereses volátiles y desproporcionados.