Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Cámara de diputados una iniciativa legislativa para modificar a fondo el sistema electoral mexicano, una de sus grandes apuestas para el final del sexenio. El plan de Morena supone reformar 18 artículos de la Constitución además de otro puñado de leyes secundarias. Los presentación de la iniciativa llega un momento de transición en el parlamento, apenas dos días de cerrarse en periodo de sesiones y en vísperas de las elecciones del 5 de junio en seis Estados. El debate de fondo sobre proyecto de Morena se prevé largo y complicado. El partido oficialista perdió el control total en ambas cámaras y necesita del apoyo de parte de la oposición para sacar adelante medidas de calado como esta reforma electoral.
Los cambios planteados por Morena supondrían, según sus propios cálculos, un ahorro de 24.000 millones de pesos. La desaparición del actual Instituto Nacional Electoral (INE) y su sustitución por un nuevo órgano regulador elegido por sufragio universal, la reducción del número de parlamentarios y el mayor peso de un sistema proporcional o el recorte a la financiación de los partidos políticos son los nudos centrales de la reforma.
Nuevo órgano electoral
La nueva iniciativa plantea la sustitución del INE por un organismo llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, más pequeño pero con más competencias. De los 11 consejeros ejecutivos actuales se pasarían a siete integrantes. El sistema de elección de sus miembros, al igual que los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), es una de las medidas más polémicas. Serán designados por voto directo de la ciudadanía a partir de unas listas de candidatos propuestos por los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Los candidatos a consejeros y magistrados se equiparían así a los propios aspirantes electorales entrando en campaña para lograr el voto ciudadano. La duración del cargo sería de seis años, es decir, la misma que los mandatos presidenciales.
El sistema propuesto ha sido criticado por académicos y expertos en política electoral por imponer una lógica partidista en la elección de órganos reguladores regidos por los principios de independencia y neutralidad. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas tendrá además unas mayores competencia porque la reforma elimina los órganos electorales estatales y municipales.
Menos parlamentarios
Durante la presentación de la iniciativa se anunció la desaparición de los diputados y senadores plurinominales, lo que reduciría la Cámara de Diputados a 300 asientos y el Senado a 96. Una medida que, a la postre, limitaría la proporcionalidad en ambas cámaras. En realidad, el texto de la norma lo que plantea es, efectivamente, una reducción de parlamentarios pero no a costa de los plurinominales, un sistema heredado de la época de hierro del PRI, cuando los resultados de las elecciones daban la victoria al partido hegemónico en prácticamente todas las alcaldías, curules y escaños del país. Para garantizar cierta proporcionalidad en las cámaras, en 1977 se estableció una política de cupos para el resto de partidos elegidos sobre cinco listas o circunscripciones.
La reforma plantea ahora la distribución de la cámara con 300 diputados elegidos en “listas plurinominales estatales”. Es decir, amplía las circunscripciones y ahora todos los diputados sería elegibles por el sistema proporcional. La iniciativa también establece una reducción del tamaño de los congresos estatales y municipales.
Menos dinero para los partidos
La iniciativa plantea “limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral”. Esto supone eliminar las partidas llamadas “ordinarias” que reciben los partidos mensualmente para pasar a que “dichos gastos se cubran mediante el financiamiento de sus simpatizantes y militantes”. Del mismo modo el texto establece que se pretende “regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos”. Los cambios supondrían, según la iniciativa, una disminución del 66% del financiamiento público de los partidos. El término “propaganda electoral”, uno de los caballos de batalla durante la reciente consulta para la revocación de mandato, también aparece reformulado a través de excepciones para que autoridades y funcionarios públicos pueden “informar sobre los procesos electorales”.
