Claudia Sheinbaum, abanderada presidencial de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, ha anunciado que incorporará a su oferta electoral y proyecto de Gobierno el órdago de 20 iniciativas de reforma enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso federal el 5 de febrero. En el paquete de reformas del Ejecutivo hay propuestas plausibles, que hasta la oposición parece dispuesta a a apoyar, y otras más polémicas como la de eliminar órganos autónomos o la de transferir el mando de la Guardia Nacional al Ejército. Lejos de cualquier crítica o matiz, la aspirante morenista ha abrazado las reformas lopezobradoristas, a pesar de que algunas iniciativas del Ejecutivo entran en contradicción con propuestas que tanto Morena como el equipo asesor de Sheinbaum ya han planteado como oferta de Gobierno para los electores, de cara a los comicios presidenciales y legislativos del 2 de junio.
Una de las tensiones más claras está relacionada con la política de drogas. La plataforma electoral de la coalición oficialista, Sigamos Haciendo Historia, ya aprobada por el INE, afirma que el combate a las adicciones y la lucha contra el narcotráfico se mantendrán en “dos ámbitos claramente diferenciados”: el del enfoque de salud y el de seguridad. Incluso, se plantea la posibilidad de “transitar de lógicas prohibicionistas a marcos regulatorios de diversos estupefacientes”. El presidente López Obrador, en cambio, ha enviado al Legislativo una iniciativa que endurece el enfoque prohibicionista y punitivista sobre las drogas. El Ejecutivo ha propuesto una reforma a la Constitución para prohibir la “producción, distribución y enajenación” de vapeadores, sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, “como el uso ilícito del fentanilo”. La enajenación, es decir la venta, implica a su vez la compra, de modo que el delito involucraría también a los consumidores de las sustancias.
Otro ejemplo de disenso entre las iniciativas del Ejecutivo y la propuesta electoral oficialista es la relativa a las prisiones. La plataforma de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo ofrece, desde un enfoque menos punitivo, “la dignificación de las prisiones a fin de combatir la corrupción y los abusos dentro de los recintos carcelarios, garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de los reclusos y privilegiar el trabajo y el estudio como herramientas fundamentales de la reinserción”. En contraste, otra de las iniciativas de López Obrador camina en el sentido de incrementar los delitos que ameritan la prisión preventiva automática. Este enfoque, muy criticado por las organizaciones de derechos humanos, obliga a los jueces a ordenar el encarcelamiento de personas aun antes de que se determine si son culpables o no del delito del que les acusa la Fiscalía.
En defensa de la candidata
Tatiana Clouthier, vocera de la campaña de Sheinbaum, sostiene que ni la plataforma electoral de la coalición ni las iniciativas de López Obrador incorporadas al proyecto político de la abanderada oficialista representan una camisa de fuerza para Sheinbaum. “Las dos son propuestas de saque, una desde la plataforma, que se enriquece, y otra del Ejecutivo, que la manda a que el Legislativo la discuta. Ninguna es cadena de fuerza”, señala en entrevista.
Exdiputada y exsecretaria de Economía de López Obrador (también fue la coordinadora de su campaña presidencial en 2018), Clouthier afirma que la plataforma electoral registrada por la coalición es un documento complementario, adicional al que la propia Sheinbaum está preparando con su equipo asesor, coordinado por Juan Ramón de la Fuente. “La plataforma es la que presenta la coalición. La candidata es la que va enriqueciendo su camino a partir de esta plataforma de saque, a través de los Diálogos por la Transformación, de las propuestas que empiece a hacer a partir del 1 de marzo [fecha de inicio de la campaña presidencial], y que, una vez que se llegue al Gobierno, se presentará ya el Plan Nacional de Desarrollo”, añade.
Clouthier señala que, al margen de que la aspirante de Morena adopte las iniciativas de López Obrador, todavía está pendiente el tránsito de esas propuestas en el Congreso, donde la oposición ha advertido de que no dará un cheque en blanco al presidente, lo que anticipa que las negociaciones serán arduas. “El voto de los legisladores no es por decreto, es un voto de discusión; no se tienen al día de hoy los votos, se requiere ir a una discusión para conseguirlos. ¿Cómo se logra? Con diálogo, y el diálogo tiene que decir si le mueves la coma o mueves el punto [a las iniciativas], y eso se construye en el Congreso”, afirma la vocera.
Un integrante del grupo asesor de Sheinbaum, que ha hablado a condición de anonimato, explica que también se está buscando una armonía entre la propuesta de Gobierno de la candidata —que se presentará el 1 de marzo en el Zócalo capitalino— y el Proyecto de Nación que el año pasado elaboró un grupo de intelectuales de Morena, una especie de hoja de ruta ideológica. “El reto es hacer compatibles los dos documentos, que lo que hacemos nosotros [los consejeros de Sheinbaum] no sea contradictorio con el Proyecto de Nación, para que las propuestas de políticas públicas sean compatibles con la visión ideológica del movimiento”, señala.
La fuente afirma que ya ha habido reuniones entre los dos grupos, los ideólogos del partido y los especialistas fichados por Sheinbaum, para comenzar a buscar vasos comunicantes entre los dos documentos fundamentales. Después, se buscará incorporar las propuestas de reforma de López Obrador, también armónicamente. “No estamos entrando a los detalles de las iniciativas, las estamos asumiendo ideológicamente, conceptualmente. Estamos a favor de esas reformas, las vamos a incorporar, pero eso no quiere decir que no podamos hacer ajustes a nuestros programas. Se trata de hacer una propuesta que sea armónica entre todos los documentos”, sostiene el colaborador.
Más disensos en el proyecto
La batería de reformas del Ejecutivo incluye una para trasladar al Ejército el mando de la Guardia Nacional (GN), un cuerpo policiaco de naturaleza civil que, de acuerdo con la Constitución, debe estar bajo las órdenes de la Secretaría de Seguridad (institución que no es militar). Este es el segundo intento de reforma de López Obrador para lograr la entrega de la GN a los soldados, con el argumento de que el éxito de la corporación policiaca depende de que el Ejército le impregne su coordinación, disciplina y honestidad. El oficialismo aprobó en septiembre de 2022 una reforma a leyes secundarias —es decir, no a la Constitución— que daba al Ejército “el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional”, dejando su “adscripción” a la Secretaría de Seguridad. La Suprema Corte de Justicia echó abajo esa reforma, al considerar que, en realidad, la GN fue readscrita al Ejército a espaldas de la Constitución, por la puerta trasera de las leyes secundarias.
López Obrador lo ha vuelto a intentar. La plataforma electoral de Morena, sin embargo, no menciona una sola palabra sobre dar a los militares el control de la Guardia Nacional. En contraste, se propone convertir a la institución en un “cuerpo de paz y una corporación policial de proximidad con presencia en todo el territorio”. También se plantea crear la Agencia de Investigación Nacional bajo el mando de la GN, a fin de “privilegiar el uso de la inteligencia policial sobre la fuerza”.
En ese mismo tono ha avanzado el grupo asesor de Sheinbaum. El encargado de diseñar el plan de seguridad pública para la candidata, Omar García Harfuch, ha adelantado que entre sus propuestas se encuentra la de fortalecer las corporaciones policiacas y las fiscalías de los 32 Estados del país. “Más y mejor policía”, ha resumido. Exsecretario de Seguridad en la gestión de Sheinbaum como mandataria de Ciudad de México, Harfuch ha sostenido que los Gobiernos estatales deben aumentar el número de elementos policiacos y pagarles mejores salarios; depurar las Policías de corrupción de arriba hacia abajo, esto es, de los mandos a los efectivos de base; impulsar reformas para dar a las Policías facultades de investigación, complementarias a las de la Fiscalías; y propiciar la coordinación con las fuerzas de seguridad federales. “Es muy importante fortalecer las Policías locales y continuar con estrategias consolidadas”, ha señalado Harfuch.
Existen otras tensiones entre los proyectos de López Obrador y Sheinbaum. Por ejemplo, en torno al planteamiento de instaurar el voto popular directo como mecanismo para nombrar a los los jueces. Arturo Zaldívar, comisionado por Sheinbaum para elaborar un plan propio de reforma judicial, ha planteado en varios foros que, para él, lo más conveniente es que solo ciertos cargos judiciales se sometan a la voluntad popular —los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal—, y que los nombramientos del resto de funcionarios judiciales —los magistrados de circuito y los jueces federales— se sigan rigiendo por los criterios de la carrera judicial. En cambio, López Obrador ha propuesto una medida radical: que todos los cargos de la judicatura se elijan mediante votación, desde el juez hasta el ministro.
Alfredo Figueroa, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), considera un “error extraordinario” que Sheinbaum, una política formada en los movimientos democratizadores del siglo pasado, no se haya apartado de las iniciativas de López Obrador más polémicas, como la reforma electoral, con la que se pretende que el Gobierno retome el control sobre el listado electoral —que ahora está en manos del INE, un instituto autónomo— y que se eliminen las legislaturas plurinominales, un instrumento que favorece la representación de las minorías en el Congreso.
Figueroa sostiene que las iniciativas del Ejecutivo parten de una visión de Estado autoritaria, que va en sentido contrario a los valores del movimiento democrático de México. “Me parece que Sheinbaum está cometiendo un grave error al no separarse ni un milímetro de las posiciones que el presidente ha puesto en estas reformas”, señala. El especialista afirma que la candidata ha apostado pragmáticamente a no contradecir a López Obrador, al menos de aquí a la elección. “El estilo de gobernar de López Obrador no admite críticas, distancias; exige un compromiso completo, y el problema es que esa exigencia ni siquiera tiene que ver con razones o argumentos, sino con obediencia, con sumisión”, sostiene. “Es muy mala apuesta, porque Sheinbaum está lanzando un mensaje al país de enarbolar un proyecto de corte autoritario”, advierte.
