El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha recibido un impulso de cara a las elecciones estatales del próximo año, después de que un plan para dar más poder a las fuerzas armadas de México fracturara la ya débil coalición de la oposición.
La semana pasada se aprobó una enmienda constitucional que autoriza a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) a supervisar la seguridad pública de México hasta 2028, después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) -uno de los tres socios de la oposición- abandonara su oposición y respaldara el plan de López Obrador.
Alejandro Moreno, el líder del PRI, se enfrentaba a acusaciones de corrupción y los críticos afirman que su volteada tenía como objetivo protegerlo de la persecución, algo que él niega.
“Lo que sucedió era completamente predecible”, afirmó Fernando Dworak, investigador político mexicano. “Toda la clase política tradicional tiene esqueletos en el armario y es especialmente vulnerable a cualquier escándalo”.
El PRI votó con el partido gobernante Morena y sus aliados para superar el umbral de dos tercios necesario para alterar la Constitución de México. La Cámara Baja del Congreso aprobó la enmienda el miércoles por la noche y ahora pasa al Senado.
En respuesta, los socios del PRI -el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)- suspendieron la coalición. La oposición se encuentra ahora en una situación de desconcierto de cara a las elecciones estatales del año que viene en dos bastiones del PRI desde hace mucho tiempo -Coahuila, en el norte de México, y el Estado de México, que rodea la Ciudad de México por tres lados- y a las elecciones presidenciales de 2024.
“Si la apuesta es tirar la alianza, se están condenando a la derrota de antemano”, afirmó Aldo Muñoz, profesor de ciencias políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. “Su nivel de competitividad no es suficiente para ganar elecciones en Coahuila y el Estado de México”.
Los partidos PAN y PRD emitieron un comunicado conjunto la semana pasada en el que acusaban al PRI de incumplir la plataforma de la alianza.
Moreno, conocido como “Alito”, dijo a los periodistas en el Congreso después de la votación: “La coalición Va por México es firme y sólida. . . Pero lo más importante es dejar de lado cualquier posición política particular”.
Los críticos acusan a Moreno de cambiar su posición sobre la militarización para protegerse de las acusaciones de corrupción, que incluyen la malversación de dinero público y la posesión de lujosas propiedades, formuladas contra él por los aliados del presidente. Moreno ha negado cualquier infracción y afirma que las acusaciones tienen una motivación política.
Las autoridades migratorias mexicanas afirmaron que sometieron a Moreno a una revisión extra a su regreso al país en julio, un acto que el presidente del PRI calificó de “persecución política”.
La legisladora del partido Morena, Inés Parra Juárez, votó la semana pasada en contra de la reforma constitucional, calificándola de “militarización a cambio de la impunidad de Alejandro ‘Alito’ Moreno.”
Anteriormente, el PRI votó en contra de la propuesta de López Obrador de poner a la Guardia Nacional bajo el mando militar, a pesar de que la Constitución ordena que tenga una dirección civil. Moreno tuiteó el 3 de septiembre: “Mi voto es CONTRA la militarización de la #GuardiaNacional”.
Días después Moreno presentó una propuesta para ampliar el control militar sobre la seguridad pública, que contó con el visto bueno de López Obrador.
Layda Sansores, la gobernadora del partido Morena en el estado de Campeche -donde el domicilio de Moreno había sido allanado por la fiscalía-, anunció repentinamente que dejaría de difundir conversaciones grabadas subrepticiamente de Moreno en las que supuestamente amenazaba a periodistas y extorsionaba a proveedores de la campaña del PRI. Moreno fue gobernador de Campeche entre 2015 y 2019.
“Fue una extorsión pública”, afirmó Ilán Semo, profesor de historia de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
López Obrador llegó al cargo con una plataforma anticorrupción. Pero los investigadores afirman que el presidente ha preferido utilizar el tema como un garrote para los oponentes en lugar de construir instituciones para deshacerse de la corrupción.
“Para López Obrador, la corrupción es una oportunidad, es decir, no es una lucha sistémica”, afirmó Semo.
Semo añadió que el presidente toleraría a Moreno hasta después de las elecciones de 2024. Mientras tanto, el presidente del PRI seguiría dividiendo a la oposición.
Va por México ha dado resultados insuficientes desde que se formó en 2020. Evitó que Morena y sus aliados obtuvieran una supermayoría en el Congreso en las elecciones intermedias de 2021 y ganó a lo grande en partes de la Ciudad de México anteriormente dominadas por López Obrador. Sin embargo, Morena y sus aliados se han hecho con 16 de las 21 elecciones a gobernador.
Algunos investigadores sospechan que el desmantelamiento de la alianza puede ayudar al PAN y al PRD, ya que el PRI, que gobernó durante 71 años seguidos hasta el año 2000 y fue expulsado del poder de nuevo en 2018 tras una serie de escándalos de corrupción, sigue siendo objeto de desconfianza.
“AMLO representa el cambio para la mayoría de la gente”, afirmó Carlos Bravo Regidor, investigador político en Ciudad de México. “Pero ahora está aliado con el partido que representa el mayor descrédito en la política mexicana”.