En los cuatro años que le quedan de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría lograr eludir las jóvenes instituciones democráticas que gobiernan México. Pero ese proceso está en suspenso por ahora, gracias a una decisión de la Corte Suprema del jueves que verifica su último intento de pisotear a sus opositores.
La agenda que AMLO denomina como la “cuarta transformación”, prevé la centralización del poder como en los años 70 y un papel más fuerte para el estado en la economía. El presidente ha hecho carrera política culpando al liberalismo económico de las disparidades de ingresos, la corrupción y la violencia
En una democracia liberal moderna, las instituciones que protegen las libertades civiles, la propiedad privada y el estado de derecho se interponen en el camino de el nacionalismo que él presidente piensa que es mejor para el país.
La solución de AMLO a los problemas del país ha sido de utilizar su popularidad para desencadenar una Revolución Francesa contra la modernización de la economía de los últimos 25 años. Para ello, solicitó a la Corte Suprema que permitiera la celebración de un referéndum legalmente vinculante sobre si México debe “investigar y, en su caso, sancionar la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas administraciones”.
Esto parece absurdo, pero es una buena apuesta que el presidente pensó que podía intimidar a los jueces… y sin ningún inconveniente. Si declaraban su pregunta inconstitucional, también podría haberlos etiquetados como miembros corruptos del establecimiento.
El problema central fue que ninguno de los expresidentes nombrados en la pregunta ha sido acusado de algún delito. Como cualquier estudiante de primer semestre de derecho debe saber, la pregunta por lo tanto violaría los derechos civiles básicos ya que la ley no investiga a las personas. Investiga crímenes. Todas las personas en la República Mexicana tienen derecho a la presunción de inocencia.
El ministro Luis María Aguilar escribió un proyecto en el que explicaba la inconstitucionalidad de la consulta al considerar que el Gobierno mexicano puede emprender una investigación contra cualquiera de los expresidentes sin la necesidad de someterlo a consulta y, además, sugirió que se alterarían dos elementos importantes: el debido proceso y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Los seis ministros que votaron por considerar constitucional la consulta se inclinaron por mirar el derecho de los ciudadanos a opinar sobre los asuntos del país, dejando de lado los argumentos de Aguilar.
Los jueces votaron 6-5 a favor de la constitucionalidad de la pregunta, pero inmediatamente la reescribieron y aprobaron la nueva pregunta 8-3. Ahora se les preguntará a los mexicanos si están a favor de “un proceso de aclaración de las decisiones políticas tomadas en los últimos años por los actores políticos”.
Para evitar una reacción presidencial, los jueces bloquearon la cuestión inconstitucional sin decirlo.
El presidente del Tribunal Supremo, Arturo Zaldívar, fue inteligente al derrotar la pregunta propuesta sin darle a AMLO nada con lo que estrangular a los jueces en los discursos públicos. Sin embargo, la pregunta sigue siendo inconstitucional, y al negarse a sellarla y en su lugar escribir su propia pregunta, la corte hace política por sí misma. Esto no es un hecho positivo.Como el profesor de derecho mexicano Martín Vivanco Lira escribió la semana pasada para la revista Nexos, México tiene ahora “al guardián de la Constitución actuando inconstitucionalmente”. Por otra parte aunque desde Palacio Nacional se ha insistido en la independencia del presidente del Supremo, varios actores políticos han la cercanía de Zaldívar con el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. La postura de Zaldívar también ha sido desconcertante por su historial: en 2014, votó en contra de la consulta popular sobre la reforma energética.
“La decisión de la Corte es un mensaje fuerte y peligrosísimo, parece que la voluntad popular, encarnada en el presidente, está por encima de cualquier ley”, explicó Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “La Corte no es un órgano que tenga que estar atado a las voluntades populares, sino al mandato de la Constitución”, añade.
Entre los ministros fueron de más peso los argumentos políticos en torno a la consulta que el listado desarrollado por Aguilar –al que denominó concierto de inconstitucionalidades– en su exposición.
La corrupción política es un problema en México que necesita ser investigado. Sin embargo, el gobierno de López Obrador parece totalmente desinteresado en usar su poder bajo la ley para procesar. Con una excepción, el fiscal general no ha presentado cargos contra ex altos funcionarios del gobierno a pesar de las afirmaciones del presidente de que las administraciones anteriores robaron del tesoro público.
No hay ningún misterio aquí. Los enjuiciamientos exitosos de políticos destruirían la narrativa de que las instituciones democráticas de México no son capaces de impartir justicia. AMLO no puede tener eso.
