López Obrador necesita dinero extranjero pero las empresas afirman que sigue cambiando las reglas bajo las cuales estas operan
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha apostado que el nuevo acuerdo comercial con los EE. UU. y Canadá provocará una avalancha de inversiones en México que ayudarán a sacar el país de la crisis del coronavirus.
Pero en lugar de celebrar el lanzamiento del T-MEC el 1ero de julio con champán, las empresas estadounidenses, canadienses y europeas están presentando demandas locales para proteger sus inversiones. También están considerando el arbitraje bajo el sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta) y otros tratados internacionales.
La razón es debida a los dramáticos cambios impuestos por el gobierno en el mercado eléctrico mexicano que los inversionistas dicen que ponen en riesgo proyectos de decenas de miles de millones de dólares.
La medida pone a la secretaría de energía (en lugar del operador del mercado independiente) a cargo de decidir quién puede generar electricidad. El gobierno dice que fue una medida de emergencia justificada por la crisis del coronavirus, pero las empresas contrarrestan que da preferencia a la CFE, la empresa estatal de energía.
“Si estás pensando en abrir una planta, invertir dinero fresco, lo más probable es que no lo hagas en México ahora”, dijo un ex alto funcionario de comercio. “Estas decisiones pondrán en peligro la única parte de la economía, la actividad vinculada a las exportaciones, que iba bien. El resto de la economía se está desmoronando”.
La medida tiene ramificaciones que van más allá del sector de la energía, ya que México se prepara para su recesión más brutal en los últimos decenios, con hasta dos millones de puestos de trabajo en peligro y una economía que se prevé, se vea reducida en un 8% este año.
El presidente describe a México como una tierra de oportunidades y ha pregonado el hecho de que 10.300 millones de dólares de inversión extranjera entraron en México durante el primer trimestre, según las cifras preliminares – un aumento del 1,7% en comparación con los datos preliminares del mismo período del año pasado. Pero en realidad la suma disminuyó un 26% en comparación con la cifra definitiva de enero a marzo de 2019 comunicada por el Banco de México.
Además, el 76% del total del trimestre procedía de empresas que reinvierten sus beneficios y sólo el 22% eran nuevas inversiones.
El cambio de las normas de electricidad de la noche a la mañana es la última de una serie de decisiones poco favorables para los inversores adoptadas por López Obrador, un populista nacionalista que afirma que el socialista chileno Salvador Allende fue el mejor presidente de América Latina y que esta semana instó a los periódicos a que reimprimieran una carta de 1960 del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, en la que se nacionalizaba el sector de la electricidad.
A principios de este año, López Obrador desguazó una planta de Constellation Brands parcialmente construida después de una encuesta informal; el año pasado, el gobierno renegoció los contratos de oleoductos con empresas privadas a las que había calificado de “extorsionistas”; y como presidente electo en 2018, canceló un aeropuerto de Ciudad de México de 13.000 millones de dólares que estaba en construcción.
“Un país necesita seguridad jurídica y atenerse a los contratos y las normas”, dijo Claudia Jáñez, jefa del grupo químico estadounidense DuPont en América Latina y presidenta del Consejo Ejecutivo de Negocios Globales de México.
A pesar de las oportunidades logísticas que ofrece México para que las cadenas de suministro se desplacen desde Asia debido a la tensión comercial entre EE. UU. y China, “ni siquiera venían a México el año pasado sin la pandemia… nos está resultando más difícil traer inversiones aquí, y eso fue antes de Covid”, dijo.
Los tribunales locales han concedido varios mandatos judiciales contra una primera ronda de cambios en el mercado de la electricidad para limitar la generación de las empresas de energías renovables que se anunciaron a finales de abril, pero el gobierno respondió con acciones legales propias.
Las empresas también están considerando la posibilidad de demandar a México en virtud del T-MEC y otros tratados de libre comercio.
“Escuchamos al presidente decir ‘no tengo nada en contra de los combustibles limpios’, pero sus acciones dicen lo contrario: están diciendo que necesitan que la CFE gane más y que las empresas privadas sean menos competitivas”, dijo un alto ejecutivo de una compañía eléctrica internacional privada.
“Hay una visión ideológica muy fuerte – quieren el control del gobierno para usar la energía como una palanca de desarrollo”.
Los líderes empresariales se quejan de que el presidente se reúne con ellos, pero rara vez tiene en cuenta sus preocupaciones. “La capacidad de escucha del gobierno es prácticamente inexistente”, dijo un alto empresario de la ciudad industrial del norte de Monterrey.
Las Cámaras de Comercio e Industria Europea en México dijeron en una carta al gobierno que les preocupaba que “la confianza en México por parte de un número creciente de inversores europeos se haya visto dañada por la falta de seguridad jurídica”.
México y la UE habían actualizado recientemente su tratado de libre comercio, abriendo la puerta a “nuevas inversiones y a la creación de más empleos en México”. Sin embargo, la modificación de las reglas económicas existentes son un freno a los intereses e impiden la llegada de futuras inversiones”, decía la carta.
López Obrador ha dejado claro que no tiene intención de revertir los cambios que, según él, están “poniendo orden” en el sector.
Ante el cúmulo de demandas contra el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que está construyendo, declaró el proyecto de “interés nacional”.
“La seguridad nacional y la salud pública son ‘excepciones generales’ en el marco de la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos de libre comercio”, dijo Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio Canadiense en México y ex negociador del TLCAN. Pero el ministerio tendría que demostrar que las nuevas regulaciones no invocan tales razones “frívolamente”, dijo.
“El verdadero problema es la probabilidad de que estos casos prevalezcan en los tribunales superiores… como sucedió con el aeropuerto [cancelado], cuando sufrieron una presión horrenda”, dijo. El gobierno niega que se apoye en los jueces para obtener fallos favorables, diciendo que está barriendo las prácticas corruptas del pasado.
Pero al cambiar las reglas de la noche a la mañana en el sector de la electricidad “se está enfrentando a un fuerte caso de expropiación indirecta – no se está expropiando, sino que se están cambiando las reglas para que, en esencia, ya no se tenga un negocio viable”, dijo el exfuncionario.
El arbitraje internacional en virtud de los tratados de libre comercio de México siguió siendo un “último recurso”, según Daniel Sánchez, socio del bufete de abogados Baker McKenzie.
Pero añadió: “No puede haber un solo inversor extranjero que no tenga miedo cada vez que quiera hacer un proyecto en México porque sabe que no hay estabilidad en las reglas”.
