Con el aumento de los índices de femicidio y un clima de impunidad para los asesinos, la ira se dirige al gobierno de López Obrador
Originalmente publicado en el Financial Times (8/03/2020), este articulo por la reconocida periodista Jude Webber se encuentra traducido al español en nuestro sitio.
Ana Sánchez Vázquez rompe un ramo de rosas secas y esparce los pétalos sobre la tumba de su hija. La hierba que adorna la tierra ha sido quemada por el sol y el viento. Una fotografía de la joven mexicana de 19 años, asesinada en agosto, cuelga de una cruz metálica, la imagen sonriente ya está descolorida. Lo que no se ha borrado son las palabras sobre la imagen: “Exigimos justicia para Noemi Haydée Hernández Sánchez”.
La joven – violada y estrangulada, con las manos atadas, su cuerpo arrojado boca abajo al lado de una autopista menos de quince días después de su cumpleaños – fue víctima de un feminicidio, el asesinato intencional de mujeres y niñas a causa de su género. Nadie ha sido condenado por su asesinato.
Con el aumento de la violencia en México, los femicidios se han duplicado en los últimos cinco años, hasta superar el millar en 2019, según datos de la secretaria de gobernación. Basándose en los certificados de defunción, el instituto estatal de estadística Inegi, una institución autónoma, sitúa el aumento aún más alto: desde 2007, los asesinatos de mujeres -no todos clasificados oficialmente como femicidios- se han triplicado con hasta alcanzar una media de 10 al día, frente a lo que las familias y los activistas dicen que es una impunidad casi total.
Ya en 2020 se han producido más de 360 casos, pero dos atrocidades cometidas en febrero -el asesinato de Ingrid Escamilla, cuyas imágenes de su cuerpo desollado y mutilado salpicaron los periódicos sensacionalistas, y el secuestro y asesinato de Fátima Aldrighett, de 7 años de edad, cuyo cuerpo torturado fue descubierto en una bolsa de plástico- han alimentado una marea de protestas y furia que ha presionado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya está luchando con una economía tambaleante.
“Es como si esto estuviera de moda”, dice la Sra. Sánchez, “como si fuese normal”. Hay mucha maldad alrededor… Quieres quemar las cosas y gritar y gritar, pero nada nos devolverá a nuestras hijas”.
La cuestión ha pasado a ocupar un lugar prioritario en el programa político de México tras una serie de protestas, entre ellas una en la que mujeres enmascaradas pintaron grafitis en las paredes del Palacio Nacional e intentaron incendiar una puerta mientras el Sr. López Obrador daba una conferencia de prensa en su interior.
La ira no da señales de disminuir y “podría convertirse en uno de los talones de Aquiles del gobierno de AMLO”, dice Iván Castro, director de la empresa de investigación de mercado PQR Planning Quant, que encontró en una encuesta la semana pasada que el doble de mujeres desaprobaba el gobierno comparado a hombres.
La primera huelga laboral femenina del país está programada para el lunes, y exhorta a las mujeres a brillar por su ausencia y a desaparecer de la economía, quedándose en casa, sin trabajar ni estudiar, sin salir, sin hacer tareas domésticas y sin comprar nada. Las escuelas permanecerán abiertas pero muchos departamentos gubernamentales, bancos, oficinas y supermercados han dado a las mujeres la opción de trabajar o no, prometiendo que no habrá penalidades si hacen huelga.
El Sr. López Obrador, un nacionalista socialmente conservador que se enorgullece de su origen como hombre de la gente, ha parecido no estar al tanto de la cuestión, aunque más de la mitad de todas las mujeres votantes en las elecciones de 2018 lo apoyaron.
Cuando se planteó el tema en una conferencia de prensa en febrero -en la que AMLO anunció la financiación de premios de lotería para igualar el valor del avión presidencial-, dijo que no quería que el feminicidio dominara la agenda del día y que “ha sido muy manipulado en los medios de comunicación”.
También ha tratado de culpar a lo que él llama las políticas neoliberales de sus predecesores, que según él son la causa fundamental de los males económicos y sociales de México, por el aumento de los feminicidios. Una encuesta realizada el 2 de marzo en el periódico Reforma sugiere que la población no está de acuerdo. Al menos el 60% de los encuestados señaló la impunidad de México por el aumento de los femicidios y sólo una cuarta parte estuvo de acuerdo en que el neoliberalismo es el factor subyacente.
“Él [López Obrador] es insensible, minimizó el tema… Es como si las figuras [de los feminicidios] no hablaran por sí mismas”, dice Norma Murillo, cuya hija de 24 años, Valeria Jiménez Murillo, fue brutalmente golpeada antes de ser asesinada a tiros el pasado mes de junio.
El novio de la joven, un policía municipal, fue arrestado y está a la espera de ser juzgado. Sin embargo, la Sra. Murillo teme que, incluso si es condenado, cualquier sentencia podría ser demasiado indulgente. “Necesitamos penas más duras. Aquí se mata a una mujer y no pasa nada”, dice.
El asesinato deliberado de mujeres es un horror mundial: la ONU estima que 87.000 mujeres fueron asesinadas en 2017 y en México el fenómeno no es trágicamente nuevo. Ciudad Juárez, un centro manufacturero fronterizo con El Paso, en Texas, fue testigo de cientos de asesinatos de mujeres, desde 1993 hasta la década de 2000, en los que las víctimas a menudo mostraban signos de violencia sexual. Ecatepec, en el centro-sur del Estado de México, y el estado costero de Veracruz, son otros lugares en los que también se han registrado niveles espantosos de feminicidios en los últimos años.
“La ineficacia judicial al tratar casos individuales de violencia contra la mujer fomenta un entorno de impunidad que facilita y promueve la repetición de los actos de violencia”, escribió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia de 2009 sobre el asesinato de tres mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo de Ciudad Juárez en 2001. La Corte añadió que “envía un mensaje de que la violencia contra las mujeres es tolerada y aceptada como parte de la vida cotidiana”.
El fallo podría haberse escrito hoy: las familias de las víctimas y los grupos de mujeres dicen que los fiscales no tienen fondos suficientes, están abrumados y a menudo no están interesados.
Cuando la Sra. Sánchez acudió a la fiscalía de Tizayuca, en el estado de Hidalgo, para denunciar la desaparición de su hija, se le dijo que “fuera a buscarla, probablemente todavía está con su novio en un hotel”. Y añade: “Es como si tú fueras el criminal, te interrogan.”
A los familiares de Fátima Aldrighett se les dijo que esperaran 72 horas para ver si aparecía antes de que se pudiera iniciar una investigación, algo que, según la familia, podría haber impedido que la niña de 7 años fuera rescatada con vida. La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, reconoció lo que denominó una “cadena de negligencia institucional” en el caso de Fátima poco antes de que se detuviera a dos personas en relación con su asesinato. En el caso de Ingrid Escamilla, su marido, con el torso manchado de sangre y los vaqueros empapados, fue detenido y confesó haberla matado.
Pero en un país donde la desconfianza en las autoridades y un sistema de justicia plagado de ineficiencia y corrupción se traducen en que sólo se denuncian el 10% de todos los delitos, sólo el 6% se investiga y sólo 136 condenas por femicidio en 2018, según Inegi, la mayoría de los asesinos literalmente se salen con la suya.
“Hay dos factores favorables: la total impunidad de los homicidios en México y el hecho de que se sabe desde hace tiempo que existen factores de contagio”, dice Vanda Felbab-Brown, experta en seguridad de la Institución Brookings. “El horror de los asesinatos, en mi opinión, alienta más”.
El Sr. López Obrador insiste en que está “trabajando cada día para garantizar la paz” y añade que “estamos tratando el problema de los feminicidios”. Pero Olga Sánchez Cordero, ministra del Interior, admitió que “hemos llegado tarde” al problema.
Para agravar las dificultades, los expertos afirman que los fiscales carecen de formación en materia de violencia de género. Esto significa que no todos los femicidios son investigados como tales. El número de femicidios se ve empequeñecido por el total de homicidios – México alcanzó un total récord de 34.588 asesinatos el año pasado – casi 100 al día. Los datos oficiales muestran que un factor desencadenante clave del aumento de los asesinatos tanto de hombres como de mujeres fue la fallida guerra militar contra las drogas del ex Presidente Felipe Calderón, iniciada en 2006.
“Desde 2007, se ha producido un aumento muy claro de los asesinatos de mujeres en el espacio público, y también han aumentado los asesinatos en el espacio privado. En los estados que han visto una mayor militarización y conflictos más intensos de narcotráfico, las muertes violentas de mujeres también han aumentado”, dice Tatiana Revilla, directora de Asuntos de Género, un centro de estudios de políticas públicas. “Creo que el contexto en el que vivimos tiene una influencia”.
Otro factor es el papel tradicional del hombre y la mujer en un país en el que más de cuatro de cada diez mujeres dicen haber sufrido violencia a manos de su pareja durante toda su relación.
“Somos estúpidas, nos dejamos maltratar”, dice Zenaida Chávez, cuya hija Linda Olguín Chávez volvió con su pareja abusiva, sólo para ser apuñalada hasta la muerte, con la garganta cortada, en 2014. La hija de un año de la pareja, ahora criada por la Sra. Chávez, también fue golpeada y casi asesinada.
“Estoy seguro de que los feminicidios han aumentado debido a la falta de respuesta de las autoridades”, dice una destacada activista que se hace llamar Frida Guerrera. “Durante años han permitido que crezca”.
El mes pasado estalló una disputa sobre cómo se debe categorizar el delito de femicidio, una designación que actualmente se basa en siete factores, entre ellos la presencia de violencia sexual, una relación con el perpetrador o el hecho de que el cuerpo de la mujer sea exhibido en público.
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de México, causó indignación cuando su sugerencia de tratar el femicidio de la misma manera que el homicidio fue interpretada en los medios de comunicación no, como él insistió, como una manera de facilitar la persecución de los delitos, sino como un intento de eliminar por completo el concepto de femicidio.
El manejo del tema por parte del gobierno se profundizó cuando el Sr. López Obrador dio a conocer una lista de 10 puntos en la que se esbozaba su postura sobre la violencia contra la mujer.
Las feministas lo criticaron por contener tópicos como “las mujeres deben ser respetadas”, “es cobarde herir a una mujer” y “no odiar los crímenes contra las mujeres” sin ninguna medida concreta para frenar el fenómeno del femicidio.
“No ha incorporado el chip de lo que es la violencia de género, no lo entiende”, dice la Sra. Guerrera de un presidente que ha promovido la paridad de género en su gobierno pero que ha enfurecido a los grupos de mujeres al recortar las ayudas estatales a los refugios para mujeres víctimas de la violencia doméstica y a las guarderías. “Pero yo creo en el presidente… creo que lo logrará. Tenemos que hacer que lo vea”.
El lunes podría ser un punto de inflexión. Después de la tradicional marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el domingo, se insta a las mujeres a que se retiren de la vida pública por un día bajo el lema “el 9, nadie se mueve – #un día sin nosotros”.
La participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en México ha ido en aumento en los últimos años. Sin embargo, sólo cuatro de cada 10 mujeres o unos 22 millones tienen trabajo. Y más de la mitad de la economía de México está en el sector informal – que emplea a más mujeres que hombres – pero donde los trabajadores no pagan impuestos y un día sin trabajo significa un día sin paga.
No obstante, el Sr. Castro predice una “participación masiva”, incluso si no se espera que se unan las llamadas maquiladoras – fábricas que fabrican bienes de consumo para la exportación, que son las principales empleadoras de mujeres.
No obstante, Carlos Urzúa, que renunció el año pasado a su cargo de ministro de finanzas y que se ha erigido en un estridente crítico de López Obrador, estimó en el periódico El Universal a principios de este mes que el impacto de la huelga podría causar una caída de 1.500 millones de dólares en el producto interior bruto.
“Hemos llegado a un límite – los grupos feministas y las mujeres no se callarán ahora”, dice la Sra. Revilla. “La presión estará ahí con cada caso hasta que logren bajar las cifras.”
Para ello sería necesario destinar una parte de los escasos recursos disponibles únicamente a la investigación de los casos de femicidio, a la aplicación de penas más severas y a la inversión en programas de prevención de la violencia doméstica, dice la Sra. Felbab-Brown.
Los niveles de homicidio se han estabilizado desde que el Sr. López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018 – algo a lo que el presidente se refiere con frecuencia – pero las encuestas muestran que el crimen y la seguridad siguen siendo preocupaciones clave mientras el gobierno lucha por mostrar resultados y los cráteres de la economía.
El índice de desaprobación del presidente se ha triplicado con creces hasta el 28% desde hace un año, según una nueva encuesta de los encuestadores Buendía & Laredo, pero su apoyo sigue siendo un respetable 62%.
La Sra. Sánchez dice que fue presionada por las autoridades locales de su ciudad natal, Tizayuca, para que no hiciera pública la muerte de su hija y así evitar que los funcionarios quedaran mal parados. No se pudo contactar con las autoridades para que hicieran comentarios.
La Sra. Sánchez puso una pancarta que representaba a Noemí en el ayuntamiento el sábado. “No estoy buscando venganza”, dice. “Estoy buscando justicia”.
Sin embargo, el espeluznante número de muertes sigue aumentando. En un mural de una pared de la Ciudad de México que solía decir: “Todos los días mueren 6 mujeres por delitos de violencia de género”, el 6 ha sido tachado y sustituido por un 10.