El Gobierno de México ha apretado el cerco sobre los bienes de Genaro García Luna en Estados Unidos y ha elevado el tamaño de su fortuna ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lleva desde 2021 denunciado ante una corte de Florida que el ex secretario de Seguridad Pública —que ahora mismo enfrenta un juicio penal por cargos de narcotráfico en Nueva York— construyó su imperio criminal con recursos públicos desviados de dependencias gubernamentales que luego fueron blanqueados en el extranjero.
Según documentos judiciales a los que ha tenido acceso México Pragmático, García Luna amasó 745,4 millones de dólares a partir de 30 contratos simulados con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México entre 2009 y 2018. Este monto se deriva de una reciente ampliación de la primera demanda civil presentada por la UIF reclamando las propiedades y activos del exfuncionario en EE UU.
Más de la mitad del total —427,6 millones de dólares— corresponde a desvíos desde Gobernación entre 2013 y 2018. En esta época su titular era Miguel Ángel Osorio Chong, uno de los hombres fuertes de Enrique Peña Nieto y hoy senador de la República y aspirante presidencial del PRI. Los contratos fueron adjudicados a prestanombres de García Luna desde el Cisen, el órgano de inteligencia y espionaje del Gobierno mexicano, y de la dirección que administra las prisiones federales (OADPRS, por sus siglas).
Eugenio Ímaz fue durante todo el peñismo titular del Cisen. En la administración de las cárceles federales hubo dos directores: Eduardo Guerrero Durán y José Alberto Rodríguez Calderón. Tanto el Cisen como el OADPRS estaban bajo el mando de Osorio Chong como titular de Gobernación. El ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado no respondió a una solicitud de este diario para emitir un posicionamiento.
La lista de desvíos hacia García Luna también incluye un contrato de la Fiscalía capitalina (antes Procuraduría General de Justicia) de octubre de 2017 por 1,5 millones de dólares. El desvío tuvo lugar cuando el encargado de la institución era Edmundo Garrido Osorio. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México era Miguel Ángel Mancera, que hoy es coordinador de los senadores del PRD en la Cámara alta.
El resto de los desvíos de dinero público para García Luna ocurrieron entre 2009 y 2012, cuando él aún estaba en funciones de secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón. En ese periodo, según la información aportada por la UIF, el aún funcionario se benefició con 10 contratos simulados por 316,6 millones de dólares provenientes de la Policía Federal (corporación que a la postre fue desaparecida) y también del órgano administrador de prisiones.
Esto significa que los desvíos desde Gobernación a García Luna comenzaron desde el calderonismo y continuaron a lo largo del sexenio de Peña Nieto, cuando se dispararon los montos malversados.
En el peñismo desapareció la Secretaría de Seguridad que encabezó García Luna y sus funciones fueron transferidas a Gobernación. Los contratos desde esta institución entre 2013 y 2018 tuvieron fines variados. Entre ellos la supuesta adquisición de “equipos de comunicación especial”, la creación de una “plataforma para seguridad nacional”, la compra de tecnología para prisiones o una genérica “ampliación de equipos”. Para la UIF, todas habrían sido contrataciones simuladas con la finalidad de desviar dinero.
No es la primera vez que la Administración de Andrés Manuel López Obrador denuncia los desvíos desde la dependencia que encabezaba Osorio Chong. Por ejemplo, en la acusación por blanqueo de dinero y delincuencia organizada contra la presentadora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, tanto la UIF como la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que desde la oficina de prisiones de Gobernación se desviaron 157 millones de dólares a través de contratos con empresas factureras.
La UIF presentó la primera demanda civil para disputar los bienes y activos de García Luna en Florida en septiembre de 2021, pocas semanas antes de que Santiago Nieto dimitiera del órgano de la Secretaría de Hacienda. La acusación fue presentada ante la Corte del Decimoprimer Circuito Judicial del condado de Miami Dade, en Florida. En esa demanda, la UIF señalaba que García Luna habría obtenido 250 millones de dólares mediante un “ilegal esquema de contratación gubernamental”.
La autoridad hacendaria, sin embargo, nunca mencionó en esa acusación de qué instituciones públicas provino el dinero desviado, la cantidad de contratos, las fechas en que fueron firmados y los montos de las transferencias. La única certeza, en ese documento, era que los recursos habían ido a parar a cuentas de empresas del ex secretario de Seguridad o a las de sus prestanombres.
Los registros judiciales muestran que el 31 de octubre de 2022 la UIF —ahora con Pablo Gómez como titular— presentó a la corte una ampliación de su demanda original, en la que incluyó un listado detallado de 30 contratos simulados y elevó a 745,4 millones de dólares el monto de los bienes y activos reclamados.
El dinero, según la demanda, se habría transferido a cuentas de las empresas GLAC Security Consulting, de la que era dueño García Luna; Nunvav Inc. y Nunvav Technologies, ambas con sede en Panamá propiedad de los empresarios —socios y testaferros del exfuncionario— Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub; y Nice Systems LTD, una compañía israelí que supuestamente pagaba sobornos a García Luna y los Weimberg. El dinero era pagado a cuentas bancarias en Barbados, de donde era enviado a EE UU y a Israel.
La demanda del Gobierno mexicano considera cómplices a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra Gálvez; a José Francisco Niembro González, ex subsecretario de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Seguridad, y a su esposa, Martha Virginia Nieto Guerrero; así como a la esposa de Samuel Weinberg, Sylvia Donna Pinto. La ampliación de la denuncia también incluye a 46 empresas acusadas de participar en el esquema de desvíos y blanqueamiento de activos en México, EE UU y Panamá.
