México se ha propuesto intensificar su lucha contra el tráfico de armas. La campaña impulsada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene un alcance interno y otro a escala internacional. De ese desafío depende buena parte de la estrategia de seguridad del Gobierno, lo esencial ante el recrudecimiento de la violencia de las organizaciones criminales, pero también toda una serie de equilibrios diplomáticos al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, y al otro lado del Atlántico, en Europa. El país quiere ampliar esa batalla y para ello se ha empleado en distintos terrenos: al litigio con 11 fabricantes de armas presentada en Massachussets se suma la búsqueda de acuerdos con la Unión Europea.
Ya se ha entablado formalmente, según la Cancillería, “un proyecto de colaboración” con varios países de la Unión en el marco del llamado Programa de Control de Exportaciones para Armas UE– ATT. Se trata, de momento, de un canal de comunicación “sustentado en la visión de que la cooperación internacional y el principio de responsabilidad compartida son una necesidad para enfrentar los desafíos que presentan las transferencias ilícitas, el desvío y el tráfico ilícito de armas de fuego en el marco del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés)”. El objetivo consiste en lograr lo contrario, esto es, la legalidad: “un comercio y transferencias lícitas, responsables, transparentes y seguras”. En última instancia, señalan, lo más importante es “contribuir al establecimiento de condiciones de paz y de bienestar en el país y en el continente americano”.
Los contactos, no obstante, no son nuevos. A finales de enero se realizó un seminario internacional, en el que participaron también representantes de una decena de países de América Latina, pero el año pasado la agencia pública de cooperación de Francia, Expertise France, y la Oficina Federal Alemana de Asuntos Económicos y Control de las Exportaciones se coordinaron con la Secretaría de Relaciones Exteriores para abordar el comercio ilegal. En esa dependencia defienden la idea de que una lucha contra el tráfico de armamento que acaba en manos de los carteles del narco debe pasar por los foros multilaterales y la cooperación internacional.
“El peso de México”
Ebrard ha vuelto a defender este miércoles los esfuerzos hechos en este ámbito y durante una comparecencia ha resaltado la proyección de México en el exterior, empezando por el vecino del norte. “El peso de México en Estados Unidos cada vez es mayor, desde cualquier punto de vista”, ha afirmado. “¿Por qué les digo esto? Presentamos la demanda de armas y nos apoyan, presentaron documentos de apoyo 17 procuradores estatales de Estados Unidos, y 26 fiscales de distrito”, dijo en un encuentro con representantes de instituciones de educación superior en el exterior.
El objetivo diplomático es expandir esa influencia, empezando por Latinoamérica, pero también en Europa. Ha sucedido en los últimos meses con la llamada diplomacia de las vacunas, con alianza de carácter político dentro la región -con Argentina, Perú o Bolivia, por ejemplo- y sucede con países europeos como Francia e Italia a cuenta de la colaboración frente a la pandemia o contra el tráfico de piezas arqueológicas robadas. La batalla contra la venta ilegal de armas de fuego es otro de esos frentes y no supone un reto menor por la tragedia cotidiana que supone para millones de mexicanos.
Desde comienzos del mandato de Andrés Manuel López Obrador en 2018 se han perpetrado más de 105.000 asesinatos. Unos números terroríficos que dejan el ecosistema criminal del narcotráfico y la impunidad. Pero esos grupos pueden operar gracias al tráfico de armas, la inmensa mayoría procedente de Estados Unidos. Según los cálculos del Gobierno, durante los últimos 10 años se han confiscado más de 250.000 pistolas y rifles militares fabricados en el Estado de Massachussets.
Por eso es tan importante para México la demanda presentada contra 11 compañías. “El Gobierno de México refuta los argumentos de las empresas para frenar el litigio, las cuales alegan que gozan de inmunidad en contra de demandas civiles por daños; y reitera y abunda en hechos para comprobar que el Gobierno puede demandar en Massachusetts, toda vez que existe un vínculo entre las prácticas negligentes de las empresas y los daños sufridos en territorio mexicano”, defendió el martes el Ejecutivo ante las alegaciones presentadas por los fabricantes.
Y, además de varios aliados regionales, asociaciones de víctimas y organizaciones especializadas en seguridad, México logró el respaldo explícito del procurador general de Massachussets y otros procuradores estatales; del fiscal de Distrito de San Francisco y otros en Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Minnesota, Texas y Virginia. El país, sin embargo, no se conforma y pretende internacionalizar ese conflicto en busca de la complicidad del mundo.
