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¿Por qué los mexicanos pagan más por agua embotellada que por agua potable?

México es uno de los mayores consumidores de agua en botella por la falta de regulación estatal en el suministro y la calidad del servicio de agua potable, según un informe del IMCO

En el 2020, México lideró el consumo mundial de agua embotellada: 286 litros por persona del líquido en plástico. “Aunque 93% de los hogares mexicanos tiene acceso a agua entubada, el 33,5% del total de viviendas no cuenta con suministro diario ni de calidad. Lo que obliga a que se gaste mucho dinero en comprarla”, explica Sandra López, especialista en Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), organismo dedicado a la investigación de políticas públicas y que acaba de lanzar un informe sobre el tema.

Como expone el documento, a pesar de que los hogares mexicanos gastan aproximadamente 1.643 pesos anuales en el servicio de agua potable, los sistemas de aguas en el país no garantizan un suministro seguro e ininterrumpido. “Lo que obliga a los hogares a pagar sobrecostos en pipas, agua embotellada y sistemas de purificación, entre otros”, destaca la experta. “Y recordemos que el acceso al agua es un derecho humano determinado en la Constitución”, matiza.

En mitad de la compleja situación de crisis hídrica y sequía, una de las peores que ha enfrentado el país en su historia, el ineficiente servicio de agua potable afecta cada vez más a la economía de su población. “En México hay un manejo inadecuado de los recursos hídricos y un servicio muy deficiente. Y esto se debe a la falta de una estructura regulatoria que controla su gestión”, señala López. Los mexicanos gastan en la compra de agua embotellada el 70% de lo que se recauda por tarifas del servicio de agua. Así lo expone el diagnóstico del IMCO sobre el sistema tarifario del agua potable del país que realizó por regiones, así como el análisis de su impacto en la población.

“En México hay una falta de una estructura regulatoria que controle los esquemas tarifarios por el acceso a agua potable, tanto en términos de transparencia como de equidad”, señala López. Según expone, “el cobro del agua debe balancear consideraciones económicas, sociales y políticas. Mientras que tarifas excesivamente altas impactan directamente en el bienestar de los sectores más vulnerables de la población, tarifas demasiado bajas pueden afectar negativamente la calidad del servicio y de la infraestructura, lo que también perjudica a los ciudadanos más vulnerables”. Si bien la Federación subsidia los impuestos del agua a los Estados, municipios y organismos operadores, la deficiente calidad del suministro en ciertas regiones del país tiene como consecuencia que los mexicanos terminen pagando más por agua embotellada que por agua potable. “Afectando a los que menos tienen”, denuncia la investigadora.

Ante esta situación, el IMCO propone como medida urgente crear un nuevo sistema tarifario que “ayude a enfrentar la problemática de escasez de agua al permitir generar ingresos suficientes para mantener y mejorar la infraestructura hídrica y los servicios de suministro para toda la población”, destaca López. Este replanteamiento debe tener en cuenta las competencias de los gobiernos locales, al mismo tiempo que se establecen criterios transparentes y uniformes en colaboración con el Gobierno Federal, de tal forma que se garantice que el pago de las tarifas se refleje en un servicio ininterrumpido y de calidad.

El IMCO también considera primordial fortalecer la planificación estatal del agua para que la recaudación tarifaria sea equitativa con el gasto, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). “La entidad gubernamental responsable de gestionar los recursos hídricos, que no cuenta con un sistema de monitoreo eficaz, que hace una muy mala gestión de los datos y que es muy poco transparente. La Conagua debería coordinar y asegurar que las federaciones, municipios y organismos operadores logren tener el recurso asequible de acuerdo a las necesidades de cada lugar, y no lo está haciendo”, denuncia la investigadora.

El informe del que es autora propone, precisamente, mejorar la capacidad de las municipalidades con el fin de mejorar los sistemas de cobro y de monitoreo por parte de los Estados y la federación. “No puede ser que lo que constituye una necesidad vital se haya vuelto un negocio. La consecuencia de que la gestión del Gobierno no permita cubrir el acceso a un derecho humano, como lo es el agua, tanto en volumen como en calidad, supone el enriquecimiento de una industria”, denuncia López. En la actualidad, unas pocas empresas extranjeras, como Danone, Coca-Cola y PepsiCo, concentran más del 80% del mercado de agua embotellada en México. “Además del problema que esto plantea a nivel agua, agrava otro que ya existe: el de los residuos de plástico”, concluye la experta.