Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 (PNDH). La Secretaría de Gobernación, en atención a sus facultades conferidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicó el Programa que plantea un nuevo pacto social y establece como objetivo principal el desarrollo nacional y el bienestar de la población.
Los derechos humanos tienen un lugar preponderante en esta nueva etapa de la vida pública del país. El Ejecutivo Federal reconoce y crea mecanismos para transformar las condiciones de vida de las personas y en particular de quienes han sido discriminadas y enfrentan condiciones de marginación y rezago.
El Programa se basa en el artículo 1º. Constitucional. Dicho artículo establece que las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que se reconocen en ella y en los tratados internacionales, bajo los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad.
Del mismo modo, con la creación del PNDH se atiende al compromiso con la comunidad internacional de establecer un plan nacional de acción, en el que la política nacional promueva y proteja los derechos humanos. El Programa pretende cerrar las brechas de desigualdad que existen entre los diferentes estratos y condiciones sociales, géneros, edades, y regiones geográficas.
Para el cumplimiento de la meta final, la política nacional de derechos humanos del gobierno mexicano se enfoca en cinco áreas prioritarias, mismas que se establecen en el ordenamiento como “objetivos prioritarios”. Además, dentro de cada objetivo se especifican diversas estrategias y planes de acción.
Los objetivos prioritarios son: asegurar una respuesta articulada de la Administración Pública Federal (APF) ante la crisis de derechos humanos; asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos; impulsar acciones para garantizar los derechos de grupos históricamente discriminados; mejorar la capacidad de gestión de la APF para proteger y garantizar los derechos humanos; y por último, proporcionar las herramientas necesarias a los servidores públicos para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de respetar los derechos humanos.
El Programa es de observancia obligatoria de todas las dependencias de la APF, entró en vigor el pasado viernes 11 de diciembre y deberá brindar soluciones de raíz para que se supere la crisis de los derechos humanos que enfrenta actualmente México.
