El estigma del derrame en el río Sonora de 2014 sigue afectando a Grupo México. El Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó una denuncia penal en contra de Grupo México, dueña de la minera Buenavista del Cobre por las afectaciones del que es considerado el peor desastre ambiental de la minería en el país. María Luisa Albores, titular de la Semarnat, ha explicado desde Palacio Nacional que las acciones que llevó a cabo la empresa no fueron las suficientes, además de que no se trató de un accidente, sino de una negligencia.
“Ellos dicen: ‘Cierren el fideicomiso, porque ya cumplió’. No cumplió, no cumplió su objetivo, la gente, el ambiente sigue contaminado y hay gente enferma”, ha dicho Albores este martes. El 6 de agosto de 2014, la minera derramó 40 millones de litros de desechos tóxicos que hoy en día sigue generando problemas de salud y pérdidas a los habitantes de ocho municipios. “Como Estado mexicano hay una empresa que contaminó y nosotros consideramos que quien contamina debe de pagar”, sentenció la titular de Medio Ambiente.
La noticia de esta denuncia penal ha caído como balde de agua fría a los inversionistas de Grupo México, propiedad del millonario Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México. De acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa perdió en un solo día más de 12.000 millones de pesos en valor de capitalización, además de que el valor de su acción cayó 3,56% la jornada del jueves y se mantuvo así la jornada del viernes.
Gerardo Cevallos, analista de Vector Casa de Bolsa, dice en entrevista que esta denuncia genera más condiciones de volatilidad para la emisora. “Provoca condiciones de volatilidad ante la incertidumbre que genera que no se haya resuelto este asunto”, comenta. El impacto no es solo para este millonario corporativo. De acuerdo con un informe elaborado el mes pasado por la Semarnat, el costo económico y ambiental para estas comunidades se calcula en más de 20.000 millones de pesos.
El Fideicomiso Río Sonora, creado entre Grupo México y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), creado para atender los impactos del derrame, no resultó benéfico para las víctimas de este derrame. Según el Gobierno, aunque la compañía se comprometió a fondear con 2.000 millones de pesos, el Fideicomiso reportó un ejercicio de 1.232 millones de pesos en conceptos agropecuarios, unidades económicas, jornaleros y prestadores de servicios, tomas de agua, tinacos, pipas, rehabilitación de pozos, potabilizadoras, organismos de agua municipales, diagnóstico ambiental, salud, comunicación social, servicios notariales y bancarios, con una aportación de 309 millones de pesos que fueron pagados fuera del Fideicomiso con aprobación de los integrantes del Comité Técnico.
“A pesar de no haber atendido satisfactoriamente las demandas de la población en 2017 determinaron la extinción del citado Fideicomiso, por lo que se inició una serie de acciones logrando que en 2020 una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación instruyera que ese fideicomiso permaneciera abierto y que se reintegrara el patrimonio con el que contaba al momento de su extinción a lo cual Grupo México ha sido omiso”, explicó Albores.
Grupo México ha permanecido en silencio luego de darse a conocer la denuncia penal. La última vez que se manifestó al respecto, fue hace dos semanas luego de que se diera a conocer el estudio de impacto ambiental y económico por parte de la Semarnat. “Los supuestos hallazgos de los muestreos presentados la semana pasada, carecen de cualquier nexo de causalidad con el evento ocurrido en 2014. Omiten señalar otras fuentes de contaminación actuales como son la minería ilegal, la descarga de aguas negras sin tratar y la acumulación prolongada de residuos de abonos agrícolas e insecticidas”, se justificó la compañía en un comunicado enviado a sus inversionistas.
El derrame de químicos sigue siendo un asunto pendiente para los habitantes afectados, quienes han denunciado que padecen tumores, leucemia y alergia, entre otras afectaciones a la salud, y que la atención sanitaria no es suficiente. Albores ha dicho que exigirá a la empresa un programa avalado por las comunidades para resarcir el daño y continuará dando seguimiento al diagnóstico ambiental y al proceso judicial derivado de esta denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República.
