El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha confirmado este martes la creación de una aerolínea del Ejército tal y como se ha desvelado en los papeles secretos de la Secretaría de la Defensa (Sedena). En los más de cuatro millones de correos hackeados a la institución aparecen unos proyectos para diseñar una firma estatal que no solo operará una flotilla de 10 aviones, incluido el polémico avión presidencial, sino que gestionará además otros seis aeropuertos —entre ellos, el de Felipe Ángeles en el Estado de México— y la megaobra presidencial del Tren Maya. López Obrador ha anunciado en su conferencia de prensa mañanera que busca relanzar su propia versión castrense de la extinta Mexicana de Aviación con el objetivo de ampliar las rutas aéreas. No ha mencionado, no obstante, cómo esquivará el problema legal que plantea el monopolio del Ejército con aviones, aerolínea y aeropuertos a su disposición.
El proyecto de la nueva aerolínea correrá a cargo de una empresa, con gestión militar, llamada Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica (GAFSAOMM), una firma pública creada por la Sedena para operar los aeropuertos Felipe Ángeles, en el Estado de México; Tulum y Chetumal, en Quintana Roo; Palenque, en Chiapas, además del Tren Maya, en el sureste del país. Dos documentos reenviados por los corporativos de la nueva compañía apuntan además a la creación de una empresa turística que administre tres hoteles, dos museos y dos parques ecológicos.
De acuerdo con los archivos, el costo para constituir la aerolínea va desde los 1.800 millones de pesos y el gasto operativo y administrativo anual de la nueva aerolínea rondará entre los 1.000 y los 1.900 millones de pesos (unos 90 millones de dólares). El gasto puede variar según las aeronaves que se elija alquilar, las cifras tienen en cuenta 100 horas de vuelo al mes por avión. Un documento de la Sedena apunta a algunos modelos tipo Airbus A320, Boeing 737 o ATR-72. Los plazos, según el documento, para la creación de la compañía fijan una fecha límite: el 31 de diciembre de 2023.
El proyecto incluye darle una nueva vida al polémico avión presidencial. La aeronave, un lujoso Boeing 787-8 Dreamliner, fue adquirida por 218 millones de dólares en 2012 por el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Llegó al país en 2016 durante la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien lo utilizó dos años hasta dejar el cargo. Al tomar el poder, López Obrador anunció que no lo usaría y, en su lugar, lo vendería. Ante la falta de compradores, llevó adelante una rifa simbólica, donde los ganadores obtuvieron premios millonarios, pero no el avión en sí. El presidente ha explicado este martes que se “rentará para vuelos largos, pues nunca se debió haber adquirido”.
El archivo menciona además otros usos para el avión presidencial, con el objetivo de “apoyar las acciones gubernamentales e incrementar las capacidades de transporte aéreo de la Sedena”. Tales como: “vuelos de ayuda humanitaria, viajes de estudios nacionales y al extranjero, apoyo a otras dependencias de Gobierno Federal, traslados de misiones consulares y diplomáticas, transporte de delegaciones deportivas, transporte de organizaciones musicales y culturales”.
López Obrador ha confirmado toda la información desvelada este martes y ha reconocido que el proyecto le fue presentado hace apenas 15 días en Yucatán y que se encuentra en una fase de estudios económicos para garantizar su viabilidad. Pese a las lagunas que todavía existen sobre su implementación, entre ellas un problema legal de monopolio que recoge el propio proyecto, el presidente ha mostrado sus deseos de que se lleve a cabo. “A mí me gustaría que se llamara Mexicana, porque es regresarle a la nación un símbolo. Un emblema”, ha señalado.
Para solventar la restricción legal de que una misma empresa opere una aerolínea y un aeropuerto, el proyecto plantea una firma independiente del GAFSAOMM —aunque controlada y coordinada por esta— además de una reforma al reglamento de la ley de aeropuertos, sin pasar por el poder legislativo. El presidente no ha mencionado, no obstante, más detalles sobre la reforma y las consecuencias que puede plantear semejante poder del Ejército en empresas aeroportuarias, turísticas y de transporte de pasajeros.
El archivo menciona también que se están realizando las gestiones para constituir la nueva empresa denominada Servicios Turísticos Itzamná, S.A. de C.V. con un costo de casi un millón de pesos (unos 50.000 dólares). Esta firma operará los desarrollos hoteleros alrededor de las estaciones del Tren Maya: el proyecto de Nuevo Uxmal, Plan de San Luis y cuatro eco-hoteles. Además, la compañía, que se incluye dentro del grupo GAFSAOMM, tendrá a su cargo los parques nacionales La Plancha y del Jaguar, y los museos del Mamut y Subacuático de Tulum. Se detalla que la dirección general de la empresa y cada área que la integren deberán tener a un militar en puestos directivos. El resto del personal serán militares retirados o civiles. “Para administrar la empresa se propone que cada una de sus unidades esté a cargo de un administrador militar, quien será el responsable del control, operación y contabilidad”, señala el documento.
