El sábado pasado se desató el caos en Italia. Fue debido a unas protestas conducidas por fuerzas neofascistas que se convocaron en varias ciudades del país como forma de queja ante las nuevas medidas impuestas por el gobierno para gestionar la crisis provocada por la pandemia, en concreto la entrada en vigor del pasaporte sanitario. Sin embargo, pese a que las protestas estaban previstas en varias ciudades como se ha dicho, fue sobre todo en Roma, la capital, donde las cosas tomaron un rumbo peor, y mucho más feo, de lo esperado.
Unas 10.000 personas, entre ellos militantes de la formación neofascista Forza Nuova, marcharon por las calles romanas gritando consignas contra el gobierno y la prensa. Esto, que supone una situación ya tensa de por sí, evolucionó hacia terrenos más peligrosos cuando los manifestantes llegaron a la sede del Ejecutivo, a la que lanzaron petardos y bombas de humo, ante lo que los antidisturbios respondieron cargando contra la multitud y utilizando mangueras de agua a presión.
Pero eso no paró a los nuevos fascistas italianos, que continuaron su marcha hasta llegar a la sede nacional del sindicato CGIL, el más importante y antiguo de Italia. Los manifestantes consiguieron colarse dentro del edificio y destrozaron la planta baja. La explosión de violencia desenfrenada acabó con 38 policías heridos, 700 manifestantes identificados, y 12 detenidos entre los que se encuentran el líder nacional y el líder en Roma del movimiento, Giuliano Castellino y Roberto Fiore, respectivamente, además de un antiguo miembro de otro movimiento extremista conocido como NAR (Núcleos Armados Revolucionarios) que, afortunadamente, se considera ya extinto.
De todas formas, a pesar de las detenciones, Forza Nuova continuó con su estrategia de intimidación y, durante esa misma noche, una treintena de personas acudieron al hospital Umberto I y asediaron su servicio de urgencias, lo que se saldó con cuatro heridos; dos enfermeras, una con un botellazo en la cabeza, y dos agentes de seguridad.
Obviamente, este suceso ha despertado viejos miedos en Italia, un país que durante la década de los 30 del siglo pasado fue una de las naciones en las que, liderado por Benito Mussolini, nació y se desarrolló el fascismo y alcanzó su punto álgido de plenitud en los años antes de la Segunda Guerra Mundial. También en esa época comenzó hostigando sindicatos.
Así las cosas, lo sucedido el sábado pasado se ha convertido en un verdadero escándalo en el que está ya también implicada la política formal italiana.
La Ministra de Interior, Luciana Lamorgese, ha admitido en el Parlamento que ordenó a la policía no arrestar al líder de la formación Forza Nuova cuando amenazó con asaltar la sede del sindicato CGIL. Según ella, lo hizo por miedo a las represalias de los neofascistas. Y de esta manera, el acto tuvo lugar, y aunque finalmente la policía lo detuvo, dice ya mucho de hasta qué punto la intimidación acompañada de violencia puede ser efectiva.
La respuesta por parte del pueblo no ha tardado en darse. Italia entera se ha levantado contra lo que ha ocurrido, calificándolo como un ataque a la democracia y una ofensa a la Constitución. De esta manera, ayer, día 16 de octubre, más de 50.000 personas se manifestaron bajo el lema Mai piú Fascismo, o No más Fascismo, en el centro de Roma en contra de movimientos como Forza Nuova y para pedirle al gobierno que se ilegalicen todas las formaciones que compartan este tipo de ideología.
Maurizio Landini, secretario general del sindicato atacado, ha pedido que se lleven a cabo actos concretos contra estos grupos neonazis y ha afirmado que es hora de que el Estado italiano demuestre su fuerza democrática a la hora de aplicar las leyes y la Constitución.
Y eso es justo lo que se está debatiendo ahora: con qué actos concretos dar respuesta a lo sucedido. Mario Draghi, el actual presidente del Consejo de Ministros de Italia, ha prometido en un tweet que no habrá tolerancia contra la intimidación y la violencia. Por lo visto, la hipótesis que se baraja ahora es la de disolver Forza Nuova con un decreto del gobierno. Existe una ley que permite que, en casos extraordinarios de necesidad, en los que haya que actuar con urgencia, el gobierno pueda actuar por decreto ley y disolver a un movimiento que actúe con violencia como método de lucha política, desprestigiando así la democracia, sus instituciones y sus valores.
Todavía no hay nada decidido, pero Draghi se enfrenta ahora a una situación delicada ya que nunca en la historia democrática italiana se ha tenido que disolver antes un partido por decreto del gobierno. Ya hay incluso partidos, Fratelli d’Italia y la Lega, los dos de extrema derecha, que han anunciado que se niegan a ser partícipes de esa disolución. Queda ahora, entonces, ver cómo se irá desarrollando la situación en los próximos días.
