El gobierno de Biden anunciará el martes planes para identificar y reunir a cientos de familias que fueron separadas en la frontera entre Estados Unidos y México por la administración Trump y que siguen separadas años después.
Biden creará un nuevo grupo de trabajo para reunir a las familias a través de una orden ejecutiva, siguiendo una promesa de campaña para deshacer algunos de los daños infligidos por la política de inmigración más controvertida de la administración Trump. Los funcionarios de la administración aún no tenían detalles sobre la escala o el calendario del esfuerzo de reunificación. Dijeron que el grupo de trabajo haría recomendaciones sobre cómo los padres y los niños separados podrían volver a reunirse.
El grupo de trabajo “trabajará en todo el gobierno de Estados Unidos, con las principales partes interesadas y los representantes de las familias impactadas, y con socios en todo el hemisferio para encontrar a los padres y niños separados por la administración Trump”, dijo un alto funcionario de la administración.
La administración Trump separó al menos 5.500 niños de sus padres en la frontera entre julio de 2017 y junio de 2018 en un intento de disuadir la migración. La Unión Americana de Libertades Civiles, que demandó al gobierno por esa política, dice que es probable que al menos 1.000 de esas familias sigan separadas: padres dispersos en su mayoría por Centroamérica y niños que viven con parientes en Estados Unidos.
“La primera orden del grupo de trabajo será controlar mejor estas cifras y empezar a reunir a los niños con sus padres”, dijo un alto funcionario de la administración en entrevista ante el Washington Post.
Debido a las deficiencias de los registros del gobierno, sigue sin estar claro cuántos padres fueron deportados sin sus hijos y dónde viven actualmente, lo que supone un gran reto para cualquier esfuerzo de reunificación. Los abogados y los defensores no han podido encontrar a cientos de familias separadas, y en algunos casos han enviado grupos de búsqueda a zonas remotas de Centroamérica para intentar localizarlas.
Muchos de esos padres, que no sabían si volverían a estar juntos o cuándo, han pasado los últimos años intentando criar a sus hijos mediante videollamadas. Algunos volvieron a la frontera de Estados Unidos con la esperanza de encontrar a sus hijos, pero volvieron a ser detenidos por agentes de inmigración y deportados por segunda vez.
“Es un horror diario para los que vivimos sin nuestros hijos. Es una tristeza infinita”, dijo María, una madre guatemalteca que fue separada de su hija de 10 años en la frontera entre Arizona y México en julio de 2017. “Lo único que queremos es tener la oportunidad de ver a nuestros hijos, de volver a estar con ellos”.
“Le digo a mi hija que tenga paciencia. ‘Muy pronto nos veremos’, le digo”, dijo María, quien habló con la condición de que no se usara su apellido debido a las amenazas que ha enfrentado en su país de origen.
Al igual que muchos padres separados, siguió de cerca las elecciones en Estados Unidos, creyendo que una victoria de Biden mejoraría sus posibilidades de volver a ver a su hija. Pero desde entonces le ha costado discernir el plan de la administración Biden para padres como ella, o cualquier plazo para una posible reunificación.
Los defensores han hecho hincapié en la necesidad no solo de reunificar a las familias, sino también de proporcionarles protección contra la deportación y un camino hacia la ciudadanía. Cuando un tribunal ordenó a la administración Trump que reuniera a las familias en 2018, muchos padres reunidos no recibieron ningún estatus legal, lo que los hizo inmediatamente deportables y aumentó la perspectiva de volver a separarse.
“Hemos confiado en Joe Biden para que cumpla su palabra de reunir a estas familias y ayudar a que estén completas”, dijo Carol Anne Donohoe, una abogada gerente de Al Otro Lado, que está trabajando con 32 familias separadas. “Eso significa reasentar a estas familias en Estados Unidos, darles un estatus legal y recursos para ayudarles a sanar. También exigimos que se rindan cuentas para que la separación de familias no pase a ser otra mancha en la historia de esta nación que nunca se repara.”
Funcionarios del gobierno dijeron que no habían establecido un único estatus legal para los padres que regresan. Dijeron que las familias podrían recibir diferentes visados o protecciones legales dependiendo de sus casos.
Abogados y defensores han planteado la preocupación de que cargos menores -como volver a entrar ilegalmente en Estados Unidos- puedan ser imputados a los padres separados y obstaculicen la posibilidad de que se reúnan con sus hijos.
La orden ejecutiva permitirá al grupo de trabajo evaluar los casos de separación familiar “de forma individual, teniendo en cuenta las preferencias de la familia y el bienestar de los niños”, dijo el alto funcionario de la administración.
El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, principal abogado en la demanda de separación familiar, dijo que se esperaba la creación de un grupo de trabajo; ahora se necesitan promesas más concretas.
“Lo que necesitamos ahora es un compromiso inmediato con remedios específicos, incluida la reunificación en los Estados Unidos, el estatus legal permanente y la restitución para todas las más de 5.500 familias separadas por la administración Trump”, dijo. “Todo lo que no sea eso será extremadamente preocupante dado que el gobierno de Estados Unidos participó en el abuso deliberado de los niños”.
Todavía no está claro si el gobierno estadounidense realizará sus propias búsquedas de familias separadas y organizará su regreso a Estados Unidos, o si ese trabajo se subcontratará a organizaciones no gubernamentales que lo hicieron de forma independiente durante la administración Trump.
El grupo de trabajo estará presidido por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional y estará formado por funcionarios de todas las agencias gubernamentales. Todavía no está claro cómo el grupo de trabajo -o la administración de Biden en general- perseguirá las demandas de reparación entre las familias separadas, o cómo responderá a las peticiones de investigar a los antiguos funcionarios que fueron responsables de la elaboración de la política.
Bajo el mandato de Biden, según el alto funcionario, el gobierno federal “no repetirá las políticas y prácticas que llevaron a la separación de estas familias”.
