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Guillermo Lasso, presidente ecuatoriano, lanza un desesperado intento para tener un poco de gobernabilidad

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso reveló, al cumplirse un año y cuatro meses de su mandato, una iniciativa de modificación a la Constitución ecuatoriana, que se basa en cuatro ejes principales: Seguridad ciudadana; modificación en la estructura y atribuciones de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); también, cambios al sistema de partidos y movimientos políticos.

Su intención mediante el texto de 470 páginas entregado el pasado lunes, es aprobar por consulta popular un proyecto de ocho enmiendas constitucionales.

La administración de Lasso busca con la consulta popular ganar un pequeño margen de gobernabilidad para poder poner en marcha muchos de sus proyectos que se han visto negados por una Asamblea Nacional extremadamente hostil. El tiempo que escoge para proponer esta consulta es también riesgoso, su popularidad se encuentra por los pisos debido a su incapacidad de reaccionar ante la ola de inseguridad y violencia que atemoriza a todo el país y la percepción generalizada de “ineficaz” que mantiene con el electorado.

El mandatario dijo que este plebiscito trazará el rumbo que sacará al país adelante definitivamente. Declaración que carece de credibilidad viniendo de un presidente que dijo que sacará al país adelante dentro de sus primeros 100 minutos de gobierno.

“Hoy los convoco como Nación a enfrentar estas amenazas desde la raíz, los convoco a usar su poder democrático a través de una consulta ciudadana que enfrentará los problemas que el Ecuador no ha podido resolver en su pasado y que actualmente no nos permiten desarrollarnos hacia donde queremos, me refiero sobre todo a la inseguridad y el narcotráfico, pero también a graves deficiencias institucionales que merman la calidad de nuestra democracia”, declaró el presidente Lasso en el lanzamiento de su propuesta.

Los pasos a seguir en el proceso involucra que la Corte Constitucional sortee el expediente para conocimiento de un juez ponente, luego de esto, correrá un término de 20 días para que el pleno conozca el proyecto de constitucionalidad.

Si dentro del término de 20 días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo no hay un pronunciamiento, se entenderá que hubo un “dictamen favorable”.

El Ejecutivo asegura que revisó las líneas jurisprudenciales del máximo organismo de control constitucional y se mostró seguro de que ninguna de las propuestas incluidas altera la estructura fundamental de la Constitución.

Para taclear el problema de inseguridad que preocupa a los ciudadanos, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, resaltó la propuesta de que las Fuerzas Armadas puedan unir fuerzas con la policía, pues cree que se debe “desburocratizar” la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana.

En esta misma línea, se propone otorgar más independencia a la Fiscalía General del Consejo de la Judicatura. Algo que causó polémica para los dirigentes del Consejo: “Mi primera reacción es de desconcierto. Lo adecuado sería dejar a la justicia en libertad. Ya se estructuró un Consejo de la Judicatura; si algo no funciona hay que verificar por qué no funciona. Es imposible que sigamos teniendo una reglamentación interna disciplinaria que más parece defender al juez corrupto que sancionarlo y sacarlo rápidamente de la función judicial. Si con un Consejo de la Judicatura las cosas se complican quiero saber con dos consejos, el uno para fiscales y el otro para jueces como si fueran dos actividades que no interactúan. Es desconcertante”, dijo María Josefa Coronel, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, durante una entrevista con CNN en Español.

Otras críticas que se han escuchado ha sido que con la propuesta, el Ejecutivo busca otorgarse funciones de gobernabilidad que le incumben actualmente a otros poderes del Estado, como la designación de autoridades cruciales. También se ha catalogado al proyecto como una estrategia política para restarle fuerza a sus contradictorios en la Asamblea, pues busca que haya 17 legisladores menos que los actuales.