Que la libertad de prensa en México está bajo amenaza, por no decir que bajo fuego, es algo incuestionable. Tal es el orden predominante de las cosas tras la relativa independencia de la que gozaron los medios en el país a partir de los años noventa del siglo pasado, y que comenzó a resquebrajarse a mitad del primer decenio del siglo que corre. Independencia relativa, porque el poder político, lo sabemos, puede que afloje la presa, pero nunca la suelta. Y llevamos ya años en que justo ese poder político intenta, por todos los caminos, restaurar el control omnímodo sobre la información que fue el pan diario durante la era del priismo. Incluso a costa de erradicar al periodismo del mapa.
El primer dato, escalofriante, del escenario en que el periodismo existe en el México actual es que al menos 45 comunicadores han sido asesinados tan solo en lo que va del presente sexenio. Y podrían ser hasta 150 desde el año 2000 (los condicionales tienen que ver con el hecho de que las autoridades discuten y se afanan en tratar de desligar de las labores de prensa a numerosas víctimas de crímenes). Durante 2022, por ejemplo, solamente en Ucrania, país que se encuentra en guerra con Rusia, más periodistas murieron de modo violento que en México.
Por datos como esos es que la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) coloca a nuestro país en el lugar 174 de 180 en el índice mundial que mide la inseguridad a la que se enfrentan los profesionales para ejercer el periodismo, y que forma parte de un reporte global que divulga año con año y cuya versión 2023 se encuentra en línea desde el pasado mes de mayo. Incluso Corea del Norte, una dictadura en que cualquier viso de crítica al régimen es severamente castigado, se encuentra por encima de México en la medición de seguridad de RSF. Y, sintomáticamente, apenas un puñado de países con graves problemas de terrorismo integrista están por debajo.
Hay otros índices dentro del mismo informe en los que el país sale menos mal parado, sí, pero lo cierto es que no queda bien en ninguno. México es el lugar 75 en cuanto al entorno legal que garantiza la libertad para ejercer el periodismo; es 85 en presiones económicas para los reporteros; 88 en presiones políticas y 142 en obstáculos “socioculturales”. Esto nos deja, sumados todos los rubros, en un calamitoso lugar 128 general (repetimos, sobre 180) para 2023. Incluso bajamos un lugar con respecto al año pasado: éramos el 127 en 2022.
Más allá de estas cifras desoladoras se encuentra el evidente clima de linchamiento contra el periodismo (en especial el crítico, el de investigación y el de contraste de datos) que se promueve desde frentes muy distintos pero coincidentes en ese tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dedicado su sexenio a atacar duramente a la prensa. Y han seguido su ejemplo no pocos gobernadores (entre ellos, de modo claro, el de Jalisco, Enrique Alfaro), secretarios, legisladores y funcionarios de todo pelaje. Los estrategas que asesoran al poder institucional han decidido que la verdad es un estorbo y que lo mejor es sustituir a la prensa crítica por un entramado de “influencers”, bots, porristas y experiodistas reconvertidos en animadores y militantes. Y han redoblado los esfuerzos para convencer, cooptar o doblar a los dueños de losmedios y empujarlos a aceptarlo. Y está, finalmente, el poder más hostil: el del crimen. La delincuencia, que es dueña y señora de amplias zonas del país, no duda en agredir a cualquiera que estorbe sus negocios, en especial en medios independientes y en comunidades medianas o pequeñas.
¿Que una democracia jamás sobrevivió sin una prensa independiente a su lado? A nuestros próceres eso, francamente, no les importa. La democracia, piensan, son solo ellos y sus negocios.
