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Los cárteles también viven su cuarta transformación

La toma de la capital de Guerrero por unas horas por parte de 2.000 pobladores movilizados desde las localidades por el grupo criminal Los Ardillos, según las propias autoridades, es una muestra más de que la relación entre la sociedad mexicana y el crimen organizado ha entrado en un nuevo estadio. . No se trata de una mera intensificación de la presencia de los “malos” en la vida pública, sino de cambios cualitativos que dan lugar a otros procesos cuyo alcance anticipa escenarios distópicos.

La primera etapa, hace medio siglo, se centró en un mero trasiego; cultivo de marihuana en lugares aislados del norte del país y su traslado a Estados Unidos. Suficiente para dar origen a los carteles históricos de Sinaloa, Tijuana y el Golfo a lo largo de las décadas de 1970 y 1980. Sangrientos como eran, sus métodos y sus personajes hoy forman parte de una historia poco menos que anecdótica.

La segunda época se originó a partir del cambio del trasiego al control del consumo en diferentes mercados mexicanos. Inicialmente, surgió del bloqueo aéreo y marítimo por parte del Gobierno de los Estados Unidos a la cocaína colombiana que circulaba por el Mar Caribe y el Golfo de México, con la consecuente apertura del contrabando por territorio mexicano. Los recursos de nuestros cárteles crecieron exponencialmente y con ellos su capacidad de corromper a las autoridades en una escala sin precedentes.

Pero quizás el mayor impacto vino del pago en especie de los cárteles colombianos a los mexicanos, quienes empezaron a buscar mercados de consumo en nuestro propio territorio. Si los delincuentes ya libraban batallas fratricidas por las rutas del contrabando o por disputas por la sucesión y el liderazgo, la lucha por el control de las plazas derivó en batallas campales, que aún perduran, y dieron lugar al empoderamiento de las facciones más salvajes dentro de los propios cárteles. Pero sobre todo, y ese es el cambio drástico, llevó a la necesidad del control territorial. Vender drogas fuera de una escuela secundaria requiere sumisión a la policía que patrulla el área y a los inspectores locales. Una vez que eso está controlado, no hay razón para no extorsionar a los vendedores de jícama en la vereda o en la tiendita de la esquina. Y como cualquier otro negocio, los negocios ilícitos buscan expandirse incesantemente; La misma lógica de la escuela se extendió al tianguis, al comercio informal y luego al formal, a la piratería, al robo de carreteras y carros, al secuestro, a la tala clandestina, al huachicol.

Como todos sabemos, el gobierno de Felipe Calderón y los siguientes atacaron desde arriba y con golpes dramáticos a un proceso que en realidad operaba imparable a ras de suelo. La decapitación de algunos grupos criminales simplemente dio lugar a una fragmentación de las bandas y al predominio de las más salvajes. Poco o nada se hizo para tratar de frenar la descomposición del tejido social que se estaba produciendo en nuestros barrios y pueblos o para fortalecer a las autoridades locales que eran la primera línea de contacto con esa descomposición. La centralización de la estrategia simplemente debilitó los cimientos del Estado mexicano en materia de seguridad y facilitó su penetración por parte de los delincuentes “a nivel de tribunales”.

El aumento de la escala de la actividad delictiva, tanto en intensidad como en diversidad, produjo un efecto acumulativo que condujo a una tercera etapa: la necesidad de un control absoluto y, por tanto, político en muchos territorios. Primero lo vimos con la neutralización de presidentes municipales de pueblos pequeños, mediante amenazas o compra, y luego con la intervención directa en procesos electorales. En algunas entidades del norte y centro del país, se tiene la impresión de que desde hace algún tiempo los gobernadores han hecho pactos implícitos o explícitos con el cártel dominante en la región para no meterse en líos. Difícil juzgarlos cuando en realidad carecen de los recursos para enfrentarlos.

Pero parece que ahora estamos viviendo una especie de cuarta transformación, por la presencia de dos novedades: un énfasis geográfico adicional a medida que se extiende hacia el atrasado sureste, y una modalidad política que no habíamos visto cuando se vincula a lo social. movimientos de carácter tradicional. En cuanto al primero, la omnipresencia de cárteles y pandillas en Chiapas, Guerrero, Puebla o Michoacán, particularmente en zonas rurales, antes ignoradas por los narcotraficantes salvo en las montañas que son propicias para el cultivo de amapola y marihuana.

Los cárteles siempre han buscado una especie de legitimación social en su entorno, por razones que tienen que ver tanto con la vanidad como con la búsqueda de seguridad adicional. Pero por lo general estos eran objetivos secundarios. Lo que estamos viendo ahora en el sureste parecería ser mucho más simbiótico. Poblaciones en las que gran parte de sus integrantes asumen que su supervivencia deriva de los desbordes directamente vinculados a las actividades de las pandillas. Seguramente una mezcla de miedo, conveniencia y falta de oportunidades. La multiplicación de actividades por parte del crimen requiere operadores, suministros, guardias, mensajeros, vendedores y pistoleros.

Con el tiempo, ambos se han mezclado con la población en algunas áreas. Los cuadros que las dirigen son locales, aunque en alianza con bandas suprarregionales. Es decir, no es que 2000 personas fueron manipuladas u obligadas a protestar en Chilpancingo; en realidad salieron en defensa de un estado de cosas con el que están de acuerdo y que se sienten amenazados. Para ellos, el Estado mexicano es una entidad extranjera, heterogénea e inconsistente en el tiempo; su realidad es un orden local presidido por los hombres fuertes de la región, autoridades locales sumisas y un precario equilibrio económico que depende de actividades subordinadas a las pandillas.

López Obrador ha intentado un cambio de paradigma con las fuerzas federales, aunque está claro que su gobierno ha hecho muy poco para abordar el otro aspecto de la pinza: la autoridad local. Ambos aspectos merecen un análisis en la próxima entrega.