La publicación de no una, no dos, sino ya tres reportajes sobre presuntos nexos de las campañas de López Obrador con cárteles del narcotráfico seguramente convencen al presidente de una estrategia de ataque de la agencia antidrogas estadounidense contra el mandatario.
La secuencia de reportajes comenzó hace menos de un mes con tres textos simultáneos en dos portales estadounidenses (ProPublica e InsightCrime) y la agencia de radio y televisión alemana DW, que daban cuenta de una investigación de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) sobre supuestos pagos hechos por el Cártel de Sinaloa a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006.
Siguió con una entrevista a Celso Ortega, líder de la banda de Los Ardillos en Guerrero, pero anteriormente operador de Los Zetas en Michoacán, que dijo que, también en 2006, ese cártel le entregó dinero al hoy presidente.
Y, finalmente, el jueves pasado el diario New York Times publicó detalles de otra investigación de la DEA, pero esta más reciente, sobre contactos de la campaña de López Obrador en 2018 con el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.
La reacción del presidente se hizo viral cuando reveló el teléfono celular de una de las coautoras del reportaje del Times y, confrontado con una pregunta sobre violación de sus datos personales, al declarar que por encima de la ley estaba su “autoridad moral”.
Pero el presidente erró la respuesta porque el problema no es que periodistas hayan publicado investigaciones, sino por qué el Gobierno de Estados Unidos lo estaba investigando.
El primero y el tercer reportaje tienen que ver con pesquisas de la DEA sobre la posible influencia del narcotráfico en las campañas de López Obrador. Esas pesquisas significan que hay al menos sospechas, pero el presidente se lanza contra el mensajero sin reparar en el fondo del asunto, que el Gobierno de Estados Unidos le está mandando un mensaje.
Los reportajes no son producto de investigaciones exhaustivas de reporteros sino de filtraciones de archivos que, aunque se dieron por cerrados, en algún momento provocaron indagatorias. Varias voces han criticado la calidad de los reportajes, aunque también hay que reconocer que el periodismo mexicano muchas veces se ha revolcado en filtraciones de autoridades mexicanas que no se pasan por ningún tamiz.
La pregunta es: ¿por qué la DEA está filtrando estos archivos? Los mismos reportajes admiten que las investigaciones se cerraron no por falta de elementos, sino para evitarle al Gobierno de Estados Unidos problemas políticos, primero por lanzarse contra el principal político de la oposición y luego contra el presidente de la República.
¿Por qué en la recta final de la Administración?
“La DEA es un dolor de cabeza en México. No es nuevo, viene de hace tiempo”, declaró el mismo jueves Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores durante los primeros cinco años de la Administración de López Obrador. El excanciller no dudó en calificar la última ola de filtraciones como “una venganza de la DEA” por las restricciones que se les han impuesto en el país latinoamericano y afirmó que “el objetivo es poner en entredicho la autoridad política del presidente de México”.
El diagnóstico de cuatro especialistas consultados por México Pragmático no difiere, en líneas generales, de lo planteado por Ebrard. “Es un mensaje directo de la DEA a López Obrador”, afirma el analista político Leonardo Curzio. “Le están diciendo ‘a usted también lo queremos empapelar, sigue siendo usted un presidente muy poderoso y ahora no podemos, pero ahí le van los reportajes para recordar que usted es mortal, que dejará de ser presidente y que se cobrarán facturas”, zanja el académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
La historia de turbulencias entre López Obrador y la DEA pasa, de forma ineludible, por el caso Cienfuegos. Apenas minutos antes de que el secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto fuera detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, el entonces embajador de EE UU, Christopher Landau, se puso en contacto con Ebrard para notificarle que el arresto era cuestión de tiempo y que había un caso por narcotráfico contra el general “a partir de acusaciones de la DEA”. Así lo narra el presidente en su libro A la mitad del camino y lo corrobora un exfuncionario de Relaciones Exteriores. “Independientemente del fondo, no acepté de entrada el modo como nos lo informaron”, escribió López Obrador. “Le pedí al secretario de Relaciones Exteriores que transmitiera al más alto nivel, incluido el secretario de Estado y al procurador de ese país, mi molestia, como representante del Estado mexicano, por el trato recibido”.
“La primera reacción de Ebrard fue decir: ‘esperamos que tengan un caso, que tengan pruebas, porque si no va a haber problemas para la relación bilateral”, relata el exfuncionario, que habla a condición de que no se revele su nombre. El arresto fue el jueves 15 de octubre de 2020, dos semanas antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Un día después, sin embargo, López Obrador dio crédito a las acusaciones contra Cienfuegos. “Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública en el país durante el periodo neoliberal”, comentó.
Tras bambalinas, México pidió a EE UU revisar el expediente judicial y un equipo de la Cancillería se avocó durante ese fin de semana a revisar si, en efecto, “había un caso” contra el general. “Tres días después [Ebrard] me buscó para presentarme sus notas; las leí, le hice varias preguntas y llegué a la conclusión de que no existían pruebas de nada y que habían fabricado la acusación”, escribió el presidente, que a partir de ese momento cambió su discurso.
El viernes comparaba a Cienfuegos con Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y entonces detenido por narcotráfico en EE UU. El lunes pedía mesura: “No debe culparse a todas las Fuerzas Armadas y tenemos que cuidar a una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”. Para noviembre, Cienfuegos fue repatriado a México y en enero fue exonerado de los delitos que se le imputaban en Estados Unidos. El entonces fiscal general, William Barr, confesó en sus memorias que “el caso Cienfuegosno valía la pena como para echar por tierra cualquier perspectiva de una cooperación más amplia con los mexicanos”.
“De alguna forma, le hacen ver las implicaciones que esto tiene para el Ejército mexicano y para la continuidad de su propia política de seguridad, y recula”, comenta Curzio. Un año antes del arresto se había creado la Guardia Nacional, encomendada a la Sedena como la principal apuesta de este Gobierno en materia de Seguridad Pública. “Lo de Cienfuegos fue un madrazo”, cuenta el exfuncionario de Exteriores. “A partir de ese momento, la DEA se convirtió en un estorbo para la relación bilateral y se redujeron los espacios de cooperación”, agrega. En enero de 2021, entró en vigor una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para regular las actividades de “agentes extranjeros” en México, obligarlos a entregar informes periódicos y someterlos a sanciones por “infringir las disposiciones legales que les prohíben ejercer funciones reservadas a las autoridades mexicanas”. El mensaje a la DEA se completó con el cierre en abril de una unidad de inteligencia de la agencia en Ciudad de México que funcionaba desde los años noventa.
“Para decirlo coloquialmente, les supo a cuerno quemado, es decir, del carajo”, zanja Curzio. Para el especialista, el timing del escándalo de Cienfuegos no fue una casualidad, a semanas de que los estadounidenses fueran a las urnas. “La DEA necesita un relato propio que le dé espacio político y presupuestal para justificar ante el Gobierno, el Congreso y la opinión pública de Estados Unidos por qué la lucha contra las drogas no ha mejorado”, agrega.
“El patrón de la DEA es que siempre se ha ido por la libre. Tenemos cuatro décadas en que arremete un día sí y el otro también contra el presidente de México. Nunca ha cambiado”, comenta Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México – Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. La agencia llegó a México a mediados de los setenta, pero el punto de quiebre en su relación con las autoridades mexicanas fue en 1985 con la tortura y el asesinato del agente Enrique Kiki Camarena a manos del narco en Guadalajara. “A partir de ese momento, la DEA se va al monte, como las cabras y adopta una agenda casi feudal y personal con México, sin que estuviera necesariamente anclada en el resto de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos”, señala Arturo Sarukhán, embajador de México en Estados Unidos durante el Gobierno de Calderón.
Sarukhán, sin embargo, considera que “López Obrador es el autor de su propio encontronazo con la DEA” al fulminar la Iniciativa Mérida, un acuerdo bilateral de cooperación en Seguridad firmado en esa Administración. “Lo que el presidente nunca entendió es que la Iniciativa Mérida no iba de financiamiento ni de intercambio de equipo o armamento, era una camisa de fuerza para las agencias estadounidenses”, comenta.
Desde su perspectiva, lo que hacía ese mecanismo era establecer un camino institucional para la colaboración entre ambos Gobiernos, ante la pléyade de intereses que marcan la relación bilateral: los de la DEA, los de la CIA, los del Pentágono, los del Departamento de Estado, los de la Embajada y los de sus propios homólogos mexicanos. México y Estados Unidos no son entes monolíticos, hay filias y fobias, hay desconfianza en instancias clave y hay cotos no resueltos que sirven como palancas de negociación y presión, coinciden los especialistas. Sarukhán advierte de que ahora ha vuelto “el desorden”. Fue así con Cienfuegos y fue así en esta última ola de filtraciones. “Son muestras de que la relación en Seguridad no está fluyendo y de que está reventada”, afirma el exembajador. “La cooperación es la que genera la confianza, no al revés”, agrega.
Paradójicamente, es esa complejidad que rodea a la relación bilateral la que la ha salvado, en buena parte. Explica también que López Obrador pueda desacreditar a la DEA en público o chocar con el secretario de Estado, Antony Blinken, y al mismo tiempo defender la buena relación que tiene con el Gobierno de Joe Biden. La otra parte tiene que ver con el contexto político de Estados Unidos. “La crisis migratoria ha sido una especie de criptonita para Biden”, señala Fernández de Castro. Mientras los demócratas tienen que explicar los entresijos de la crisis, los republicanos pueden simplificar el mensaje y convertirlo en un arma política. “La narrativa política de los republicanos ha sido impecable, su mensaje a los votantes conservadores es ‘nos están invadiendo”, agrega.
Sarukhán afirma que la línea del presidente de EE UU a las agencias gubernamentales respecto de México, un aliado clave en la contención de la inmigración, es clara: “No me encabronen a AMLO”. Fernández de Castro reafirma la idea: “Por eso, López Obrador se siente muy seguro de su relación con Biden”.
Pese a la salida de Donald Trump y a las profundas diferencias con su sucesor, hay dos prioridades de Estados Unidos que se han mantenido: migración y combate al tráfico de fentanilo. La apuesta de Biden por priorizar el control de fronteras afecta a quienes trabajan en la llamada guerra contra las drogas, la DEA, que ve en México un territorio crucial para sus operaciones. En febrero del año pasado, Anne Milgram, su directora, afirmó en el Congreso que es necesario que el Gobierno mexicano “haga más”. En julio, declaró que en territorio mexicano se produce fentanilo “en masa”. Y durante meses ha insistido en que las dos principales fuentes del fentanilo que mata a decenas de miles de personas cada año en ese país son el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación. La Administración de López Obrador, que interpreta los señalamientos como presiones diplomáticas, se va al otro extremo e insiste en que en “México no se produce fentanilo”.
El estancamiento en Seguridad viene de años y fue patente durante el Gobierno de Peña Nieto, en el que las extradiciones de capos cayeron a mínimos. Fernández de Castro, asesor de Calderón para Estados Unidos, reconoce que no hubo tantos desacuerdos con las agencias de seguridad de Estados Unidos durante esa Administración porque la idea de que había que ir contra los líderes de las organizaciones criminales era una realidad aceptada en ambos lados de la frontera. Pero la idea de que Gobierno de México no controla de facto amplias partes de su territorio y de que hay infiltraciones del crimen organizado en los diferentes órdenes gubernamentales, aunque ha probado ser cierta, también ha sido instrumental para los reclamos estadounidenses, sobre todo en época de elecciones en EE UU. “Para ellos es absolutamente irrelevante si gobierna el PAN, el PRI o Morena, lo único que les importa es conseguir sus objetivos institucionales, que van más allá de los intereses del Gobierno en turno”, comenta Curzio.
El último choque se produce en la semana cuando se cumple un año de que se declarara culpable a García Luna en Nueva York. Entonces, miembros de la oposición mexicana se quejaron de la ausencia de pruebas documentales durante el juicio, que se sostuvo principalmente del testimonio de informantes. López Obrador aún usa el caso como una bandera política para tundir a sus adversarios, aunque ahora los papeles se han invertido: la oposición lo llama “narcopresidente” y el Gobierno exige pruebas materiales.
Sin embargo, el propio asunto del exsecretario de Calderón amenaza con volverse indigesto para el presidente, al dar credibilidad a las acusaciones fincadas en Estados Unidos. El caso contra Cienfuegos no llegó a los tribunales por presiones políticas, reconocidas por el propio fiscal general estadounidense, misma razón por la que no continuaron las pesquisas contra su círculo cercano, según The New York Times. En los hechos, la DEA ha seguido la pista de las tres últimas Administraciones en México, pese a la incomodidad y a los problemas que eso ha causado a los Gobiernos de Estados Unidos. Es un reflejo también de lo costoso que ha sido para México el fracaso de su propio sistema de justicia para desahogar esos casos y de que se sancionen en otro país, donde las reglas son completamente distintas.
Los hechos recientes exponen que “el tono muscular de la agenda bilateral es enormemente preocupante”, así como las condiciones con las que tendrán que navegar los próximos presidentes de México y Estados Unidos a partir del próximo año, de acuerdo con Sarukhán. “Todos los caminos de la campaña republicana pasan por la frontera con México, ya sea migración o fentanilo, en la narrativa republicana ese es el verdadero reto de seguridad nacional, no es China, no es Rusia, no es lo que pasa en Medio Oriente”, asegura el exembajador.
“Todos los elementos para un relato musculoso y confrontador, bajo la idea de que ‘México necesita que lo metan en orden’ y de que hay un ‘narcogobierno’ están servidos, habrá que ver”, comenta Curzio sobre un posible regreso de Trump. México irá a las urnas el próximo 2 de junio y Estados Unidos, el 5 de noviembre. “De ninguna manera, no pueden afectar, si es que estamos obligados a mantener buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos”, dijo López Obrador mientras leía el cuestionario del periódico estadounidense. La denuncia de su hijo sobre la filtración de su teléfono, apenas dos días después de que él hiciera lo mismo, da cuenta de que el escándalo mediático está lejos de ser superado. Sobre si la investigación afecta la confianza entre ambos Gobiernos, el presidente dijo: “Eso el corrido lo dirá”.
Si los vecinos tienen la impresión de que López Obrador ha sido omiso en la lucha contra los cárteles, su regalo de despedida es pintarlo como cómplice de los criminales.
El problema para López Obrador es que las investigaciones tienen asideros. ¿Los cárteles del narcotráfico se han extendido en su Gobierno? Sí. ¿Grupos criminales controlan cada vez más territorio? También. ¿El Gobierno ha preferido que otros se encarguen del problema? Así parece con la anuencia para que obispos católicos de Guerrero medien una tregua entre cárteles.
Más razones: ¿es creíble que el narco ha sobornado campañas políticas? Esas advertencias se han hecho desde la década de los 80. ¿Es coherente que una campaña haya recibido dinero de cárteles enfrentados entre sí, como Sinaloa y Los Zetas? La contradicción solo es aparente, los cárteles son negocios que buscan proteger todos sus frentes.
Hay elementos que sustentan incluso lo que se han publicado, como el hecho de que un empresario, candidato del PRD a senador y cercano a la campaña de López Obrador en 2006, tuvo nexos con el Cártel de Sinaloa y fue desaparecido meses después de esa elección.
Incluso todavía hay razones que hacen creíble la colusión del narco en el partido en el poder, cuando el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, imputado en Estados Unidos por lavado de dinero, busca ser candidato al Senado por el Partido Verde, aliado a Morena.
Hay también elementos para dudar, como el hecho de que ninguno de los cabecillas de Los Zetas actualmente presos haya sido liberado en este sexenio, a pesar de que el reportaje del New York Times señala que la campaña de López Obrador habría recibido en 2018 cuatro millones de dólares para liberar a un fundador de este cártel.
Pero todos estos reportajes pintan un escenario complicado para el presidente López Obrador y el cierre de su sexenio: la pérdida de credibilidad, la erosión de su discurso de honestidad, y la violencia que ya está empañando las elecciones de junio.
Pero López Obrador ya no tiene tiempo de reparar esto. El sexenio ya se agotó.
