Un juez federal ha suspendido este jueves el proceso penal contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados. El exdirector de Pemex estaba siendo juzgado por haber participado en la compra con sobreprecio de una planta de fertilizantes de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA). El funcionario en la Administración del presidente Enrique Peña Nieto permanecerá en la cárcel ya que enfrenta un segundo proceso por su rol en la red de corrupción a manos de la constructora brasileña Odebrecht.
Lozoya estaba acusado de haber cobrado un soborno de 3,4 millones dólares a cambio de que Pemex pagara a Alonso Ancira 275 millones de dólares por una planta calificada como “chatarra”, que llevaba más de 14 años inactivada y que estaba valorada realmente en 58 millones. El Gobierno mexicano exigía una compensación de 30 millones de dólares, por lo que había rechazado los acuerdo previos ofrecidos por los abogados de Lozoya.
Sin embargo, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal Gerardo Genaro Alarcón ha considerado que el acuerdo al que llegaron en 2021 el Ejecutivo y Ancira, que obliga a pagar al dueño de la planta 216 millones dólares, alcanza también a Lozoya, quien se libra así de pagar la multa y también de la acusación. “Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en los acuerdos reparatorios como una salida alterna al juicio penal, cuando existe pluralidad de imputados sobre un mismo hecho delictivo, su celebración y cumplimiento por alguno de ellos beneficia a quienes no los acordaron, pues la extinción de la acción penal favorece a todos, al haberse satisfecho el interés particular de la víctima u ofendido en la vía penal”, leyó el juez Gerardo Genaro Alarcón López en su fallo, de acuerdo con reportes en medios.
En 2021, Lozoya fue detenido en España y extraditado a México, en donde permanece encarcelado desde entonces. En julio, la petrolera del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda pidieron que el monto reparatorio a pagar por Lozoya subiera de 10 millones de dólares a 30 millones de dólares. En ese momento, los abogados del antiguo director aseguraron que estaban siendo extorsionados. La decisión judicial, que se ha retrasado durante meses, supone un revés para los planes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
